CHIHUAHUA CHIH.- La corrupción en México es un problema endémico y no ha habido solución de fondo, a pesar de los múltiples programas, reformas de leyes y promesas de gobernantes. Es un tema recurrente cuando se aproximan elecciones.
La corrupción es un hecho negativo que se repite frecuentemente en las sociedades actuales. Es como una “enfermedad” que afecta habitualmente a una región o país, como el paludismo es endémico en las zonas pantanosas.
Asimismo, se requiere de una fuerte presión ciudadana, conocido como el “Quinto Poder” acuñado por el periodista español Ignacio Ramonet, director del influyente periódico francés Le Monde diplomatique. Este tipo de movimiento ciudadano ha fortalecido la democrática en los países del primer mundo, pero en América es incipiente, ante la amenaza permanente de los gobiernos totalitarios y populistas.
Transparencia Internacional en su más reciente Índice de Percepción de la Corrupción 2019 (IPC), revela que una importante cantidad de países han hecho poco o ningún progreso contra la corrupción y pone contra la pared a México, Brasil y Canadá, por supuesto aparecen los casos de soborno de Odebrecht.
En dicho estudio, se califica a 180 países y territorios en función de los niveles percibidos de corrupción en el sector público, de acuerdo con las opiniones de expertos y empresarios y los países con las puntuaciones más altas son Nueva Zelanda y Dinamarca, con 87 puntos cada uno, seguidos por Finlandia (86), Singapur (85) que dicho sea de paso son los territorios donde hay mejores resultados contra la pandemia.
Los países en las calificaciones más bajas son Somalia, Sudán del Sur y Siria, con puntuaciones de 9, 12 y 13, respectivamente. A estos países los siguen muy de cerca Yemen (15), Venezuela (16), Sudán (16), Guinea Ecuatorial (16) y Afganistán (16).
En la investigación se destaca la relación que hay entre política, dinero y corrupción. Y es fundamental que los grandes capitales se mantengan alejados de la política, para así garantizar que los procesos de toma de decisiones sirvan al interés público y reduzcan las oportunidades para hacer negocios corruptos.
Hay países a los que se debe prestar atención, por ejemplo con la puntuación de 77, Canadá bajó 4 puntos desde el año pasado y 7 puntos desde 2012. El bajo cumplimiento de las leyes anticorrupción se hace evidente en el más reciente caso contra SNC-Lavalin, la empresa constructora canadiense, que presuntamente pagó 48 millones de dólares en sobornos a funcionarios libios.
En el índice de percepción, América no logra avances significativos en la lucha contra la corrupción. La región enfrenta desafíos importantes de líderes políticos que actúan en su propio interés a expensas de los ciudadanos a quienes sirven. Específicamente, el financiamiento de los partidos políticos y la integridad electoral son grandes desafíos. Un tema que tomó fuerza en México con los sobornos de Odebrecht.
Por ejemplo, la investigación Lava Jato, también conocida como operación “Car Wash”, que expuso la corrupción en al menos 10 países de América Latina (incluye por supuesto a México, Perú, Argentina y Brasil), apunta a un aumento de contribuciones políticas ilegales o donaciones como parte de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia moderna.
Odebrecht, señala Transparencia, “el gigante brasileño de la construcción en el centro del caso, fue condenado por pagar mil millones de dólares en sobornos durante los últimos 15 años, incluso a líderes políticos.
Detenciones en vísperas de las elecciones
De cara a las elecciones del año 2021, se han sumado nuevas detenciones de exfuncionarios públicos, como ocurrió con Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Hace un año se encarceló a Rosario Robles, exsecretaria de Sedesol y a Juan Collado, abogado de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo a las declaraciones y denuncias ante la Fiscalía General de la República, de Emilio Lozoya, se podría iniciar un proceso judicial contra los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, esto puede interpretarse como el inicio del “desmantelamiento” del viejo poder político en México.
García Luna fungió como secretario de seguridad en la administración de Felipe Calderón y fue detenido en Dallas, Texas, por tres cargos de narcotráfico y conspiración, y uno por falso testimonio.
Emilio Lozoya, que de la noche a la mañana se pasó de acusado a acusador. Este político ha tenido un trato privilegiado del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, al grado tal que se presume puede quedar en libertad, esto gracias a que se imputó a Felipe Calderón, un acérrimo enemigo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al parecer Lozoya presentó una denuncia de hechos sobre corrupción de funcionarios y empresarios involucrados en el Proyecto Etileno XXI, una gran planta petroquímica en la región de Coatzacoalcos y que habría causado un quebranto de mil 900 millones de pesos al gobierno mexicano. Era lo que añoraba López Obrador.
Los casos de corrupción sobre la compra de la empresa “chatarra” Agronitrogenados, los casos de sobornos de Odebrecht y el Proyecto Etileno XXI, es apenas un “pedazo” de la terrible corrupción que se vive en nuestro país. La pregunta obligada es: ¿Se llegará hasta el fondo?
Tal parece que la frase adjudicada a Benito Juárez, de justicia y gracia para los amigos y para los enemigos la ley a secas, no podría ser mejor aplicada en el caso de Lozoya.
Las detenciones de políticos no es algo nuevo en México, sobre todo recién inicia una administración presidencial o cuando está por realizarse algún proceso electoral. Es como mandas un mensaje de quién manda en el territorio.
Por ejemplo, durante la administración de Enrique Peña Nieto se encarceló acusada de fraude a la maestra Elba Esther Gordillo, poderosa dirigente del sindicato de maestros (SNTE), y se buscó de mil formas extraditar de Canadá al líder del sindicato mineros Napoleón Gómez Urrutia. Hoy es “respetable” senador de la República por Morena.
Y se recuerda la detención del también poderoso líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, alias “la Quina”, por orden del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en 1988, al ser acusado de homicidio.
Gobernadores mexicanos, presos y prófugos
Con la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en Florida, suman 11 los exmandatarios estatales que se encuentran presos, prófugos de la justicia o bajo procesos judiciales acusados de diversos delitos.
Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo; Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo; Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas; otro exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández; Javier Duarte, exgobernador de Veracruz.
Otros exgobernadores que fueron detenidos por presuntos delitos y están libres: Guillermo Padrés, de Sonora; Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes; Humberto Moreira, de Coahuila; Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán. Hay varios prófugos, como el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda.
Transparencia Internacional informa que México está entre los cinco países con la calificación más baja en la región de las Américas. Sólo 10 puntos por arriba de Venezuela, último lugar en la zona, que vive en una dictadura.
En México tenemos libertad de expresión, órganos ciudadanos en materia electoral, instituciones que legalmente deben combatir la corrupción, pero no hemos visto la luz al final del túnel. Es el momento que la sociedad civil levante la voz a través del Quinto Poder.
Nos pueden seguir: [email protected] twiter@palabrapropia
Antena radio 102.5 FM. de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde.
