Por R. HOLGUÍN
CHIHUAHUA CHIH.- El 18 de noviembre pasado, el gobernador del del Estado, Javier Corral Jurado, envío una carta al Presidente Nacional del PAN, Marko Cortez, en donde explica su actuación en el combate a la corrupción; lamenta que haya integrantes de su partido corrompidos por el ex gobernador César Duarte Jáquez, entre otros personajes políticos, funcionarios públicos y dirigentes de partidos.
En el documento el gobernador menciona de manera directa como participes de la nómina secreta del ex gobernador, María Eugenia Campos Galván y el secretario actual del Ayuntamiento César Jáuregui Moreno, quienes recibieron entre los años 2014 y 2015, más de 10 millones de pesos por favores políticos.
Dice que desde su posición como jefe del Ejecutivo estatal se encuentra realizando diligencias para desmantelar las redes de corrupción que se generaron en la administración que encabezaba César Duarte, en donde lamenta que se encuentren involucrados varios integrantes de Acción Nacional.
En la carta asegura que no se trata de venganzas ni revanchismos políticos, incluso hace énfasis en que el hecho de que todo este tema de la corrupción prolifere en estos tiempos electorales, se debe a una coincidencia y no porque así lo haya planeado.
En este sentido, explicó que las denuncias han ido tomando fuerza, tras la detención de César Duarte el pasado mes de junio en Estados Unidos; agrega que se espera su extradición para principios de 2021.
“Se dirá que todo lo hemos planeado para que coincida con el tiempo de las elecciones, pero ahora sí que nosotros no hemos tenido nada que ver con la manera en que se dispusieron los tiempos. Esto es muy importante que te lo aclare, porque uno de los temas que he conversado contigo y con varios miembros del Comité Nacional, es el que se conoce como la nómina secreta, que lamentablemente involucra a algunos miembros de nuestro partido, y del que recientemente se cuestiona por qué hasta ahora”, aclara Javier Corral en su misiva dirigida al líder blanquiazul.”
Corral Jurado añadió que se detectó que entre 2010 y 2016 se destinaban mensualmente cheques de hasta 20 millones de pesos que posteriormente eran entregados de manera ilícita y en efectivo a varios servidores públicos, diputados locales y federales, dirigentes de partidos, líderes sindicales, políticos y hasta a familiares del entonces gobernador, entre otros.
La carta enviada por el gobernador aparece con su nombre y firma al final.
