Hoy martes, el Instituto Nacional Electoral promovió una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.
En dicho decreto, la Cámara de Diputados resolvió, entre otros aspectos, aplicar un recorte por 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE.
El recorte determinado por el Legislativo,que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales, a las que está obligada la autoridad electoral.
En particular la Revocación de Mandato que en caso de ser solicitada por la ciudadanía, requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados.
Así, con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna.
El Instituto, en la elaboración de su presupuesto para 2022, incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de una eventual Revocación de Mandato como de una nueva Consulta Popular.
Atendiendo a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió respecto de otra controversia constitucional que el INE promovió sobre la convocatoria a la Consulta Popular,que se realizó este 2021, en el sentido de que la autoridad electoral tenía la “obligación de preveer” los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana contemplados en el artículo 35 de la Constitución.
Al no haber sido otorgados por el Legislativo los mencionados recursos y al haberse aplicado un recorte que excede en mucho la solicitud presupuestal formulada, el INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputadosproveer al Instituto, de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato.
