CHIHUAHUA CHIH.- Nuevo pico de ataques contra trabajadores de la prensa enfrenta a periodistas con el gobierno mexicano.

México es por hoy el país más peligroso en América Latina para ejercer el oficio, con 150 asesinados desde el año 2000.

Mientras que periodistas libres han extendido sus protestas en todo el país para exigir justicia por asesinatos y frenar ataques a la violación a la libertad de expresión, el jefe del Ejecutivo federal alega que es campaña en su “contra” de “mercenarios” y el gobierno de Estados Unidos.

La semana pasada ocurrió un hecho inusitado, cuando reporteros que cubren “La Mañanera”, así como la fuente del Senado y la Cámara de Diputados protestaron airadamente por la violencia y las agresiones verbales.

“Le pedimos al presidente cesen los mensajes de odio hacia el gremio en general, que nos ponen a todos en el mismo lugar”, manifestó en Palacio Nacional la periodista Alejandra Guerra.

La reportera Sonia García exclamó: “No se mata la verdad matando periodistas”, y pidió gritar “presente” al mencionar los nombres de los últimos cinco reporteros asesinados en este año.

Al inicio de 2022, Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Roberto Toledo y Heber López fueron asesinados en hechos distintos, en Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán.

De acuerdo a la organización Artículo 19, el gobierno de Felipe Calderón reportó 48 casos en todo su sexenio y 47 en el de Enrique Peña Nieto. En poco más de tres años de Gobierno de López Obrador, van 30 asesinatos.

En Chihuahua no ha parado la violencia contra la prensa. Desde 1990 a la fecha van 30 periodistas asesinados. La mayoría de los casos están en la impunidad.

En últimos días, el mandatario ha expuesto el sueldo que aparentemente gana Carlos Loret de Mola, a raíz de que publicó un reportaje sobre una casa en Texas alquilada por su hijo José Ramón y que pertenece a Baker Hughes, un empresario de los EU que hizo grandes negocios en Pemex, poniendo en entredicho la supuesta lucha contra la corrupción y austeridad.

Lo anterior ha evidenciado la violación a la Constitución Mexicana en el artículo 16, el cual refiere a la protección de datos personales.

En tanto que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el artículo 32, en sus fracciones I y II, establece las medidas de seguridad que deberá adoptar el responsable al considerar el riesgo y la sensibilidad de los datos tratados.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai) rechazó la solicitud del presidente de investigar los bienes y el origen del dinero del periodista Loret de Mola y de su familia.

Ante ello, la Sociedad Interamericana de Prensa envió una carta al presidente el pasado 4 de febrero, en la que puntualiza: “Denigrar a la prensa desde la cima del poder no es un juego dialéctico… menos aún en horas oscuras como las que vive México por esta ola de violencia”.

El periódico español El País publicó: “Los asesinatos de periodistas están sorprendiendo por su mortífera cadencia en México”.

En tanto el periódico influyente The Washington Post dijo en primera plana: “México está experimentando uno de los periodos más letales para los periodistas. Una mancha en el historial democrático.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y otras organizaciones pidieron a López Obrador proteger a la prensa y enfatizaron: “Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. El asesinato de periodistas no sólo persigue silenciar a la prensa, también trata de socavar los cimientos de la democracia

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