- Se asesinan 10 mujeres por día
- Casos de Debanhi y Ariadna conmocionan al paí
- Casos en “Campos Algodoneros”, sin resolver
CHIHUAHUA CHIH.- Tal parece que el feminicidio en México se ha “normalizado”, lo que demuestra que el gobierno no tiene una verdadera estrategia contra la violencia que se ha extendido en todo el territorio.
Desde los años 90 han aumentado los asesinatos y desapariciones de mujeres en el país, tendencia que se agravó en medio de la llamada guerra del narcotráfico. Ciudad Juárez fue nota internacional por los casos de “Campos Algodoneros”, la mayoría sin resolver.
Es como una “epidemia” de violencia contra las mujeres y feminicidios en México, así se demuestra con los casis de Debanhi y Arianda, que han atraído gran atención de la población y los medios, incluso internacionales.
Los asesinatos violentos de Debanhi en Nuevo León y de Ariadna en la Ciudad de México mostraron la creciente impunidad, un flagelo histórico en nuestro país.
Luego de tres autopsias, se comprobó que DebanhI murió de “asfixia por sofocación” al parecer desde el 21 de abril. Pero, no hay detenidos, demostrándose el poder de los responsables. La autoridad, como es costumbre en este tipo de delitos, le apuesta al olvido.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de la joven y prometió que no habrá impunidad. La justicia no ha llegado.
El asesinato de Ariadna el pasado 30 de octubre conmociono a los mexicanos, precisamente cuando se muestran imágenes fuertes. Se observa a Rautel “N”, el presunto feminicida, cargando el cuerpo de la joven en el estacionamiento del edificio donde vive, el cual introduce en una camioneta. Su cadáver fue tirado en la carretera a Morelos.
En este caso, la Fiscalía de Morelos trató de encubrir a los responsables del crimen. No hay detenidos al respecto.
El crimen y violación de la niña Fátima, de 7 años de edad, en una colonia de Xochimilco, el pasado 25 de octubre de 2020, puso contra la pared al gobierno, pues hubo más excusas que resultados en las indagaciones.
La madre de Fátima, la señora María Magdalena Antón, exigió al presidente justicia, pero también fue tajante al señalar: “Hoy fue mi hija, mañana puede ser la de cada uno de ustedes”.
En Chihuahua han ocurrido muchos feminicidios y el sello es la impunidad. Recordamos los casos de Paloma, Rubí, Maricela, Esperanza, Tania, Nohemí, entre otros. Somos, desafortunadamente, nota roja a nivel internacional.
En el año 2021 hubo 300 asesinatos de mujeres en Chihuahua, de los cuales 27 son considerados crímenes de género. Y desde ese año se decretó alerta de género, pero no ha funcionado, ya que el 2022 se registraron 257 asesinatos de mujeres.
El feminicidio como delito que se ha “normalizado”
Los crímenes de mujeres se han multiplicado en todo el país, tan sólo en el año 2018 asesinaron a 3,752 mujeres, el más alto número en los últimos 29 años, lo significa hubo 10 muertas por día, según datos oficiales, y 1,463 menores de edad, de acuerdo a la información de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM).
La violencia en México crece sin freno alguno, como el caso del feminicidio, lo preocupante es que hemos llegado a un plano de que el fenómeno delictivo se ha “normalizado”.
En el año 2018 hubo oficialmente 912 casos de feminicidios mientras que en 2019 el número de víctimas fue de 1060, lo que representa un 16.6% de incremento.
México suma 3,462 mujeres asesinadas en el 2021, un promedio de más de 10 al día, según cifras actualizadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Del total de mexicanas asesinadas, 2,540 fueron víctimas de homicidio doloso, mientras que 922 sufrieron un feminicidio.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer recientemente que seis de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado algún incidente violento durante su vida y refiere que el feminicidio es sólo la representación más extrema de esta violencia.
La violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el territorio, por lo que nos obliga a implementar un diseño real de políticas públicas y protocolos de seguridad que permitan frenar los feminicidios y desapariciones. Una asignatura pendiente.
