POR ALGUNA oscura razón, las carreras de caballos en varios municipios del estado de Chihuahua se han convertido en centros de enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado.
A toro pasado, la autoridad en sus tres niveles de gobierno lo reconoce, o por lo menos así lo etiqueta, para justificar la inacción o la siempre tardía reacción.
Planteado desde otro ángulo: si ya se conoce el alto riesgo de esta actividad, ¿cómo es que se autoriza? Y si existe el riesgo evidente de que varias personas puedan morir de manera violenta, ¿por qué nunca hay vigilancia? ¿Es omisión, incapacidad o quizá complicidad?
Acaba de suceder en Parral, con un saldo de siete personas muertas en un carril de Santa Teresa; otro par se localizó en la salida del municipio. Las víctimas, a decir de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, estaban vinculadas a un grupo criminal.
Pero también sucedió en El Sauz, seccional del municipio de Chihuahua, hace poco más de dos años, donde en otro enfrentamiento durante carreras de caballos asesinaron a once personas.
Más atrás ocurrió en Satevó y en otros municipios rurales. La suerte fue la misma, así como el discurso oficial: “de control de la plaza”.
Lo mismo de siempre. Nunca hay acciones de inteligencia, de prevención ni de reacción inmediata para impedir que estas masacres se repitan y hasta se normalicen.
Se demuestra que no hay voluntad en los tres niveles de gobierno para actuar en serio. ¿Para qué tanta estrategia, mesas de seguridad y coordinación, si al final el crimen es el que da cuenta de estar más organizado? Los hechos hablan por sí solos.
YA QUE ANDAMOS en temas policiacos, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública anunció que habrá operativos de revisión sorpresivos en todos los Ceresos estatales para detectar irregularidades.
Van específicamente sobre el desempeño de los celadores, ante la presunción de que están ingresando objetos no permitidos a los centros de reinserción social.
Se trata de un mal endémico que siempre ha existido. La corrupción penitenciaria se mantiene como un “ganar ganar” para quienes deberían ser los buenos.
No sólo se trata de la introducción de drogas, dinero o celulares; entran pantallas, mesas de billar, alcohol, grupos musicales y mujeres. Y, siendo sinceros, no pasan volando ni son lanzadas desde el aire.
EN EL PRIMER semestre del año, las fiscalías de toda la República registraron 253 incidentes relacionados con violencia política, lo que equivale a uno por día. De estos, 112 fueron homicidios.
La mayoría de ataques, amenazas, secuestros y asesinatos fueron contra miembros de Morena, partido en el poder.
Según la información de las fiscalías, 79 por ciento de las víctimas de violencia política en la primera mitad de 2025 ejercían, habían ejercido o aspiraban a ocupar cargos municipales.
“La violencia contra funcionarios locales, especialmente los alcaldes, es un problema que apremia a todo México y que, aunque las razones rara vez son claras, generalmente se entiende que estos funcionarios son castigados ya sea por su aparente apoyo a grupos criminales rivales o por negarse a cooperar con un grupo en particular”, señala la organización internacional Crisis Group.
