LOS EMPRESARIOS organizados en Coparmex darán hoy un pronunciamiento con sentido negativo respecto al incremento del 33 por ciento que el Gobierno del Estado pretende establecer para 2026 y 2027 en el Impuesto sobre Nómina.
De manera tradicional, el gravamen se ha mantenido en un dos por ciento. Cuando la gobernadora María Eugenia Campos Galván llegó al poder, se acordó elevarlo temporalmente al cuatro por ciento y disminuir un punto porcentual cada año hasta regresar al dos.
Aquella medida obedeció al quebranto financiero heredado por Javier Corral Jurado, pues las arcas estatales no tenían recursos suficientes ni para cubrir la primera quincena de la burocracia.
El sector empresarial accedió al incremento y ciertamente el impuesto bajó un punto porcentual al año siguiente, pero nunca volvió al dos por ciento.
Ahora, del tres por ciento vigente se busca elevarlo nuevamente al cuatro, lo que en números cerrados representaría para el Estado una recaudación de seis mil millones de pesos.
El Gobierno estatal ha señalado que estos recursos se destinarían a obra pública, lo cual suena bien en el discurso, pero los empresarios insisten en que no les corresponde financiar infraestructura, sino al Estado.
Un tres por ciento ya es una aportación considerable; llegar al cuatro complicaría la operación de grandes y pequeñas empresas.
Las cámaras empresariales que hoy fijarán postura advierten que el escenario internacional se complica con el tema de los aranceles; a ello se suma el decrecimiento económico, los incrementos al salario mínimo, la ampliación de vacaciones, la próxima jornada de 40 horas semanales y la llamada Ley Silla.
Las condiciones se tornan más complejas. El Estado podría ceder en ese incremento del 33 por ciento, pero hasta ahora no hay señal de reversa. Ello anticipa una oleada de amparos y un distanciamiento significativo entre el Gobierno estatal y el sector empresarial, una fractura que no será positiva para Chihuahua.
MAÑANA sábado, y probablemente el domingo, estará en Chihuahua la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su sexta visita al Estado.
De acuerdo con la agenda preliminar, acudirá a Tulita, en Guadalupe y Calvo, para la entrega y restitución de tierras y la evaluación del programa correspondiente.
Posteriormente se trasladará a Santa Gertrudis, o Campo Militar 42-A, ubicado entre Aquiles Serdán y Saucillo, para pasar revista y supervisar el adiestramiento militar que se realiza en ese complejo.
Finalmente, el domingo estaría nuevamente en Ciudad Juárez, donde contempla visitar el Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), próximo a inaugurarse, es lo que se dice.
La presidenta, otra vez, no contempla visitar la capital del Estado. De hecho, ya investida como tal, nunca lo ha hecho. En la gira se prevé que sea acompañada por la gobernadora Campos Galván.
PROBABLEMENTE sea coincidencia, pero el retén de la Fiscalía General de la República se trasladó de la autopista Chihuahua-Delicias a la carretera Camargo-Saucillo.
En el primer punto, los agentes ministeriales fueron denunciados -principalmente por paisanos– por exigir una aportación de 200 dólares para permitirles continuar el viaje.
La supuesta aportación, que no es más que extorsión, se justificaba con argumentos como exceso de carga, falta de seguro, permisos de internación o cualquier otro pretexto.
Ahora el retén se ubica frente al poblado de La Cruz, entre Camargo y Saucillo, y según la Fiscalía estatal, opera fuera de control: no forma parte de ninguna estrategia coordinada ni existe comunicación con autoridades locales.
Productores de la región se preguntan si se trata de un operativo para “recaudar aguinaldo” o si es una respuesta a las protestas contra la Reforma a la Ley de Aguas, que comenzaron precisamente en esa zona.
