De la REDACCIÓN
CHIHUAHUA CHIH.- La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua aseguró una cabaña propiedad del senador y exgobernador Javier Corral, ubicada en Basaseachi, dentro de la Sierra Tarahumara.
El inmueble —identificado como Cabaña El Rincón— se encuentra en una zona de alta riqueza ecológica, catalogada como área natural protegida y refugio de fauna silvestre, donde habitan especies como el oso negro, la cotorra serrana y el águila real.
La propiedad fue asegurada como parte de una investigación por presunto desvío de recursos públicos, pero su ubicación abre una pregunta mayor:
¿Cómo pudo construirse una cabaña privada en un territorio que, desde 1937, está protegido por decreto presidencial?, En esta caso de Lázaro Cárdenas.
En esa fecha el decreto de 1937 establece una prohibición clara, y cuya imagen publicamos en esta edición.
Es una zona de reserva nacional forestal, también zona de refugio de fauna silvestre pues se trata de terrenos nacionales protegidos, a una amplia franja de la Sierra Madre Occidental que abarca:
– Región sur de Temósachic
– Basaseachi
– Ocampo
– Guerrero
– Zonas limítrofes con Sonora
Este decreto prohíbe expresamente:
– La privatización de terrenos nacionales
– La construcción de infraestructura no autorizada
– El cambio de uso de suelo
– La explotación forestal sin permisos federales
– La instalación de asentamientos humanos permanentes
Es decir: ningún particular puede construir una cabaña en esa zona sin una autorización federal excepcional, y mucho menos adquirir terrenos que legalmente no pueden privatizarse.
Lo que se sabe, es que la cabaña de Javier Corral está registrada en Catastro del municipio de Ocampo a su nombre.
Es un condominio de lujo, estilo rústico, rodeado de vegetación y dentro de un área natural protegida.
Forma parte de su declaración patrimonial como senador.
Y fue asegurada la semana pasada por orden judicial dentro de la carpeta de investigación 3050/2024.
Pero lo que el senador no ha dicho, ni aclarado públicamente es: ¿Cómo obtuvo la propiedad del terreno?, ¿Qué permisos ambientales se usaron para construir?, si hubo autorización federal para edificar dentro de un área protegida, si el municipio o el estado otorgaron licencias de construcción, de igual manera si la zona fue indebidamente reclasificada o fragmentada.
La cabaña de Corral está registrada como “condominio”, lo cual es un indicio de la falta de vigilancia federal, la omisión de PROFEPA, así como tolerancia municipal, de igual manera no se descarta la influencia de actores políticos y económicos.
Las interrogantes que surgen sobre este caso, es si un senador y exgobernador tiene capacidad para obtener permisos irregulares, acelerar trámites, evitar inspecciones.
Adicionalmente la zona donde se ubica la cabaña es hábitat del Oso negro (especie amenazada), cotorra serrana occidental (en peligro de extinción), Águila real (protegida por ley), entre otras especies. El Bosques de pino-encino es de alto valor ecológico.
La construcción de infraestructura privada implica que se hizo fragmentación del hábitat, hay perturbación por ruido y presencia humana. Se tuvo que hacer apertura de caminos ilegales con riesgos de incendios, sin contar con la contaminación de arroyos y suelos
Con toda esta información disponible y que es pública, existen indicios suficiente para deducir que:
La construcción viola el decreto federal de 1937.
La adquisición del terreno fue irregular.
La edificación careció de permisos federales.
La inscripción en Catastro no valida la propiedad si el terreno es nacional.
La investigación judicial actual se centra en presunto desvío de recursos, pero la dimensión ambiental y territorial aún no ha sido investigada públicamente.
Mientras tanto Javier Corral goza de la impunidad política que le brinda su nuevo partido, Morena.
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