DESDE la conferencia matutina se sostuvo que sobre la suspensión de vuelos en el Aeropuerto de El Paso se sabía poco y que se trató de una acción unilateral de las autoridades estadounidenses, sin notificación previa a México.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no especular cuando se le cuestionó si la causa había sido la presencia de drones presuntamente vinculados a cárteles mexicanos en las inmediaciones de los aeropuertos de El Paso, Texas, y Las Cruces, Nuevo México, separados por apenas 20 millas.
En Palacio Nacional se minimizó el episodio. Del lado estadounidense, en cambio, se informó que los drones fueron neutralizados y que la suspensión fue preventiva, con reapertura horas después.
La narrativa no es menor: si, como se afirmó desde sectores del gobierno de Donald Trump, los aparatos pertenecían a organizaciones criminales mexicanas, el incidente podría convertirse en argumento para escalar la presión bilateral.
El asunto adquiere mayor gravedad tras las declaraciones de la fiscal estadounidense Pam Bondi, quien en conferencia de prensa señaló que los drones pertenecen a “cárteles terroristas mexicanos”.
El término no es retórico. En la arquitectura jurídica de Estados Unidos, la clasificación de una organización como terrorista activa facultades extraordinarias en materia de seguridad nacional, incluidas acciones extraterritoriales bajo ciertos supuestos.
Dicho de otra forma, el debate deja de estar en el terreno de la especulación política para entrar en el de la seguridad estratégica. Si Washington considera que estos hechos -sumados a otros documentados- constituyen una amenaza directa a su seguridad nacional, la respuesta podría ser contundente.
La etiqueta de terrorismo funciona, en los hechos, como una llave jurídica para justificar intervenciones, con o sin el beneplácito del gobierno mexicano.
En tono irónico podría decirse que mientras en México se pide prudencia, en Estados Unidos se afinan categorías legales. La diferencia de enfoques es evidente y el margen de maniobra diplomática podría estrecharse si el discurso se consolida en esa dirección.
LA EXPRIÍSTA, luego morenista y casi panista, Adriana Terrazas Porras, estaría a días de migrar a Movimiento Ciudadano, donde sería perfilada como candidata a la gubernatura.
El anuncio parece anticipado, pero en tiempos de adelantos electorales permanentes nada sorprende.
Terrazas llegó al Congreso por Morena y posteriormente ocupó la representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México. Ahora regresaría al escenario local bajo las siglas de MC, presumiblemente tras una negociación que incluya la candidatura.
Su vínculo con ese partido tiene nombre propio: Ivonne Ortega, con quien forjó cercanía en los años del PRI y que hoy es una de las figuras clave del movimiento naranja.
EL CASO del agente canino de la Dirección de Seguridad Pública que murió tras una agresión reabrió el debate sobre las sanciones por maltrato animal.
Organizaciones civiles y el Cabildo de la capital impulsan un punto de acuerdo para endurecer las penas, que podrían alcanzar hasta seis años de prisión.
Actualmente, la Ley de Protección Animal del Estado, contempla hasta dos años por estos delitos.
En el caso del agente “Vico”, podrían configurarse agravantes al tratarse de un elemento policiaco en funciones, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber, así se lee en la placa que reconoce su actuación.
La propuesta deberá pasar por el Congreso del Estado, donde todo indica que se encamina una reforma para incrementar las penalidades.
Tarde, dirán algunos, pero el tema ya está en la agenda legislativa.
