MILES de ciudadanos, sobre todo automovilistas, cruzan a diario el centro de la ciudad para llegar a sus trabajos, escuelas y a la zona comercial. Más el paso obligado del Transporte Público.
A ellos se suman casi 10 mil servidores públicos estatales y municipales, además de personal del Congreso y Rectoría. El primer cuadro no es un simple punto geográfico: es el corazón administrativo y económico. Por eso, cada bloqueo impacta directamente en el tiempo, el dinero y la productividad colectiva.
Desde hace años, Retén Ciudadano, antes conocido como Frente de Consumidores, convirtió en costumbre apropiarse de un carril en la avenida Venustiano Carranza frente a Hacienda para protestar por el costo de las placas y la revalidación vehicular.
En su etapa como Fedeco, la bandera era la carestía y la inflación. El desenlace fue el mismo: más inflación y ninguna solución estructural, como hasta ahora.
Hoy la estrategia escaló. Ya no es solo “estrangular” un carril; ahora se opta por cerrar el primer cuadro durante horas, afectando a terceros que nada tienen que ver con la causa.
Comercios con bajas ventas, empleados que llegan tarde, trámites suspendidos. El derecho a la protesta no puede traducirse en afectación sistemática a la libre circulación.
La nueva bandera es el transporte público y las condiciones de los camiones urbanos. Sin embargo, en el reciente bloqueo se cruzó otra línea: la colocación de un ataúd y el esparcimiento de estiércol en el acceso principal de Palacio de Gobierno.
Más que protesta simbólica, fue un acto que roza la anarquía y erosiona cualquier posibilidad de empatía social.
Sí, la Constitución protege el derecho a manifestarse. Pero también protege otros derechos fundamentales. Cuando una causa comienza a vulnerar garantías de terceros, pierde legitimidad y se convierte en una expresión de presión que desgasta a la ciudadanía en lugar de sumarla.
EL CONSEJO Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional sesionará para solicitar al Comité Ejecutivo Nacional la convocatoria para renovar la dirigencia en Chihuahua.
Si Alejandro Domínguez mantiene el control local y su cercanía con Alejandro Moreno, la ruta podría conducir a una reelección sin sobresaltos.
Aunque hay aspirantes que han levantado la mano, el nombre que suena con mayor fuerza es el del diputado José Luis Villalobos, cercano al dirigente nacional y con asiento en el CEN priista.
Habrá que ver si la convocatoria abre realmente la competencia o si termina siendo un trámite interno con resultado previsible.
EN MORENA y más allá, la atención está puesta en la senadora Andrea Chávez, quien prometió solicitar licencia antes de marzo.
La incógnita no es solo si cumplirá su palabra, sino si la licencia será temporal o definitiva. Esta última implicaría un riesgo político y financiero considerable, pues sostener una campaña prolongada exige recursos y estructura.
Además, alejarse del Senado significaría distanciarse del centro donde se toman decisiones estratégicas, justo cuando su proyecto parece perder impulso, en paralelo con el desgaste de su aliado, el senador Adán Augusto López Hernández.
En política, los tiempos y los movimientos definen destinos. Y hoy, cada decisión cuenta, más en las circunstancia en las que se encuentra la aspirantes en donde se percibe una fuerte desesperación.
