MARCHA DEL M8 dejó un balance que merece revisarse con serenidad. El recuento preliminar indica menos daños materiales, menor participación que en años anteriores, pero también una mayor visibilización de las demandas legítimas de los colectivos que tomaron las calles.
La protesta se mantuvo como un espacio de expresión para quienes exigen justicia y equidad, aun cuando el contingente no alcanzó las dimensiones de movilizaciones pasadas.
El diagnóstico que hacen los propios colectivos es claro: los avances son microscópicos frente a injusticias que siguen siendo enormes. Las cifras continúan siendo adversas para las mujeres en prácticamente cualquier indicador que se revise: feminicidios, violencia de género, violaciones, maltrato, desplazamiento y hostigamiento laboral o profesional. La estadística sigue dibujando un panorama preocupante.
Existe además un persistente manto de impunidad que impide que la justicia llegue con eficacia a las víctimas. Paradójicamente, esto ocurre incluso en entidades como Chihuahua, donde buena parte de los poderes públicos están encabezados por mujeres, lo que en teoría debería representar una mayor sensibilidad institucional frente a estas causas.
La movilización del domingo volvió a demostrar el poder de convocatoria y resistencia de las mujeres. Aunque el contingente fue menor al del año pasado, la marcha dejó ver dolor, coraje e impotencia, pero también una clara determinación de continuar en la lucha por sus derechos y por justicia para las víctimas.
En esta ocasión se percibió menor violencia en comparación con otras ediciones, pero más posicionamientos políticos y sociales por parte de los colectivos. Es decir, hubo más argumentos y menos confrontación, lo que permitió visibilizar con mayor claridad las razones que sostienen la protesta de las mujeres chihuahuenses.
No obstante, varios de los actos vandálicos registrados volvieron a encender el debate. Testimonios y observaciones apuntan a la presencia de hombres encapuchados vestidos de negro, lo que abre la pregunta inevitable: ¿qué hacen en una movilización que es, por definición, una lucha de las mujeres?
Las respuestas pueden ser muchas, pero una de las más recurrentes apunta a la contaminación de una protesta auténtica por parte de grupos que buscan visibilizar agendas anarquistas aprovechando la conmemoración. De hecho, durante los disturbios ocho personas fueron detenidas, lo que confirma la presencia de actores ajenos a la causa principal.
La presencia de estos grupos resulta tan cuestionable como las vallas de acero colocadas para proteger edificios públicos en el centro de la ciudad. Ambas imágenes -los encapuchados y las barreras metálicas- terminan por convertirse en símbolos de confrontación que poco aportan a la solución de fondo.
EN EL PLANO nacional, el mensaje político del 8M tampoco pasó desapercibido. La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Campo Marte, donde acudió a reconocer a las mujeres militares, fue interpretada por algunos sectores como una señal contradictoria frente a las demandas de los colectivos feministas.
La pregunta surgió de inmediato: ¿por qué reconocer a las mujeres militares y no reunirse con el resto de las mujeres que marchaban ese mismo día? El cuestionamiento se ha multiplicado en distintos espacios, sobre todo porque el discurso presidencial ha insistido en la frase “llegamos todas”, una expresión que muchos consideran aún distante de la realidad.
Si la conmemoración del 8 de marzo tenía un simbolismo especial, algunos esperaban que se aprovechara para escuchar a madres buscadoras, colectivos feministas y organizaciones civiles.
El diálogo directo podría haber abierto la puerta a estrategias concretas para enfrentar fenómenos como los feminicidios y las desapariciones de mujeres, donde México sigue ocupando posiciones alarmantes.
Pero la decisión fue otra. Para muchos críticos, Campo Marte terminó siendo un refugio político, un espacio seguro que evitó la confrontación con las manifestantes y que, al mismo tiempo, dejó la percepción de que las demandas de las mujeres quedaron nuevamente fuera del centro del poder.
EN EL TERRENO político local, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que será obediente a las nuevas reglas aprobadas por el Movimiento Regeneración Nacional durante su reciente Consejo Político Nacional.
El edil prometió retirar los espectaculares que promueven su imagen en varios municipios del estado. Como suele ocurrir en estos casos, afirmó que no paga personalmente esa publicidad, una explicación que los aspirantes repiten con frecuencia, aunque las campañas de posicionamiento resulten evidentes.
Mientras tanto, la otra figura visible rumbo a la candidatura a la gubernatura, la senadora Andrea Chávez Treviño, parece haber optado por acelerar la pinta de bardas en distintas regiones del estado.
La lógica política es simple: si las nuevas reglas están por aplicarse, más vale que la propaganda quede instalada antes de que lleguen las restricciones formales desde el centro del país.
El tema incluso ha llegado a la mañanera presidencial, donde se ha sugerido prudencia frente a campañas anticipadas que implican grandes inversiones en promoción política. En política, confrontar al poder presidencial rara vez es una buena estrategia, algo que bien conocen tanto la senadora como su aliado político, Adán Augusto López Hernández.
