VAYA que el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, está en una bronca mayúscula tras haber dejado de pagar desde 2021 el Impuesto Sobre la Renta al SAT.
La omisión, calculada en más de 118 millones de pesos, abre cuestionamientos inevitables sobre el destino de esos recursos y el motivo de la evasión fiscal.
No es un asunto menor ni administrativo: es un boquete financiero que exige explicaciones puntuales y verificables.
Por lo pronto, para evitar daños mayores, debió intervenir el Gobierno del Estado, que cubrirá el 75 por ciento del adeudo, dejando el resto al Municipio.
La gobernadora justificó la acción en solidaridad con los juarenses, aunque no dejó de deslizar el componente político al señalar que el edil “anda en campaña”.
La medida alivia el problema inmediato, pero no resuelve el fondo: si fue desatención administrativa o una omisión de mayor calado.
Las especulaciones no se han hecho esperar. Una apunta a la auditoría federal, lo que podría escalar el tema hacia terrenos políticos en medio de las aspiraciones de Pérez Cuéllar rumbo a la gubernatura.
Resulta poco creíble que durante más de tres años no se detectara la falta de aportaciones. A ello se suma el factor interno en Morena: el peso del grupo Tabasco con figuras como Adán Augusto López, Juan Carlos Loera, Javier Corral y Andrea Chávez, que no necesariamente juegan a favor del alcalde.
EN UN COMUNICADO, la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) denunció el uso de la fuerza pública para disuadir manifestaciones en Ciudad Juárez, así como en otros estados.
La organización calificó la respuesta como indigna e intimidatoria, subrayando la contradicción de una autoridad ausente ante el crimen, pero activa frente a la protesta.
“La misma autoridad que tantas veces ha estado ausente cuando el crimen nos roba y agrede, hoy apareció… pero para reprimir”, señalaron.
El mensaje es claro: los riesgos no solo provienen de la delincuencia, sino también de un Estado que responde con violencia a demandas legítimas.
En el caso de Ciudad Juárez, la movilización fue dispersada tras la intervención del secretario de Seguridad Pública, César Muñoz Morales, quien desplegó un operativo con decenas de patrullas. La imagen de intimidación terminó por reforzar el reclamo central: la exigencia de seguridad en carreteras sigue sin respuesta efectiva.
AL DIRIGENTE de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, apenas le alcanzó para presumir un sondeo digital que lo coloca en primer lugar rumbo a la candidatura del PRI a la alcaldía de Chihuahua.
Los números lo favorecen con 58%, por encima de José Luis Villalobos (32%) y Rosy Carmona (10%). Hay que concederle el dato, aunque el contexto es otro.
La celebración fue desmedida, como si se tratara de un logro definitivo. La realidad es menos generosa: Ordóñez difícilmente está para una candidatura competitiva.
El PRI enfrenta la necesidad urgente de un relevo generacional, porque insistir en los mismos perfiles implica repetir los mismos resultados, claramente poco alentadores.
Además, todo apunta a que en el próximo proceso electoral el tricolor no tendrá margen para ir solo.
La lógica indica una alianza obligada; sin ella, postular candidato propio sería prácticamente un ejercicio simbólico. Las posibilidades de triunfo, en ese escenario, son simple y sencillamente inexistentes.
