Por J. ALMODÓVAR
CHIHUAHUA CHIH.- El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, consideró que la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para crear mecanismos que revisen posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado podría representar un “arma de doble filo”.
La iniciativa planteada desde el Gobierno Federal busca establecer filtros y revisiones para detectar riesgos de infiltración del crimen organizado en candidaturas rumbo a futuros procesos electorales, mediante una comisión encargada de evaluar perfiles políticos.
Al respecto, Santiago de la Peña señaló que la propuesta debe analizarse con cuidado y no aprobarse de manera apresurada, ya que advirtió riesgos relacionados con la discrecionalidad y el uso político de la información.
Indicó que, según lo planteado hasta ahora, la comisión podría determinar quién representa un riesgo sin transparentar necesariamente los elementos utilizados para emitir dichas conclusiones.
El funcionario estatal consideró preocupante que se pueda etiquetar o señalar a ciudadanos sin pruebas suficientes, además de que el mecanismo podría terminar utilizándose con fines políticos.
Asimismo, dijo que resulta contradictorio que una propuesta de este tipo provenga de un gobierno identificado con la izquierda, al señalar que históricamente ese sector promovía limitar las facultades intrusivas del Estado sobre los ciudadanos.
De la Peña Grajeda manifestó que antes de crear nuevos órganos de control político, deberían fortalecerse instituciones como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria, para investigar directamente posibles vínculos entre funcionarios y grupos criminales.
También cuestionó el actuar de las autoridades mexicanas en casos donde existen señalamientos internacionales contra actores políticos, asegurando que en algunos casos se exigen pruebas y en otros únicamente se realizan acusaciones mediáticas.
Finalmente, pidió que la discusión se realice de cara a la ciudadanía y con un análisis profundo sobre las implicaciones legales y políticas de la propuesta.
