DE ACUERDO con la más reciente encuesta de Vernier, el secretario de Desarrollo Humano y Educación, Rafael Loera, aparece al frente de las preferencias rumbo a la candidatura del PAN para la alcaldía de Chihuahua capital.
Detrás de él se ubican el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, y la diputada federal María Angélica Granados. La medición confirma además que el PAN mantiene el liderazgo en la intención de voto general con un sólido 49.2 por ciento, consolidándose como la principal fuerza política en el municipio.
En la contienda interna panista, Loera registra el 30.7 por ciento de las preferencias, mientras que De la Peña alcanza el 26.5 por ciento y “Manque” Granados el 23.7 por ciento. Aún así, existe un margen importante de ciudadanos que no han definido una postura, pues el 11.2 por ciento de los encuestados continúa indeciso sobre quién debería encabezar la eventual candidatura blanquiazul.
Por el lado de Morena, la diputada local Brenda Ríos se mantiene como la figura mejor posicionada para buscar la alcaldía de Chihuahua. La legisladora concentra el 38.2 por ciento del respaldo, superando con amplitud al exalcalde Marco Quezada, quien obtiene el 27.6 por ciento. Más atrás aparece el regidor Miguel Riggs con apenas el 7.9 por ciento, mientras que el 21.8 por ciento de los entrevistados aún no define a su favorito.
En el caso del PRI, que conserva un 7.1 por ciento de la intención de voto general, el escenario interno continúa marcado por la incertidumbre. Alex Domínguez encabeza las preferencias con el 15.9 por ciento, seguido muy de cerca por Rosy Carmona con el 13.8 por ciento y Omar Bazán con el 8.5 por ciento.
Sin embargo, el dato más relevante es que el 40.2 por ciento de los encuestados no ha tomado una decisión y otro 21.6 por ciento preferiría una opción distinta a las planteadas por la encuesta.
En términos generales, el estudio muestra a Movimiento Ciudadano con el 3.4 por ciento de las preferencias, al PT con el 1.6 por ciento y al PVEM con apenas el 0.9 por ciento, dejando claro que la disputa principal por la capital continúa concentrada entre PAN y Morena, aunque todavía faltan muchos meses para que las definiciones electorales entren en su etapa decisiva.
FINALMENTE, la diputada local Rosana Díaz Reyes formalizó su salida del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua. La legisladora aclaró que mantendrá tanto su curul como su militancia dentro del partido guinda, aunque a partir de ahora se integrará formalmente a la bancada del Partido Verde Ecologista de México, donde hará equipo con el diputado Octavio Borunda.
La separación se produjo después de una serie de diferencias y señalamientos provenientes de legisladores morenistas, particularmente del coordinador parlamentario Cuauhtémoc Estrada, luego de que Díaz Reyes se ausentara de la sesión en la que se aprobó el refinanciamiento de deuda y un nuevo crédito para el Gobierno del Estado.
Las descalificaciones derivaron incluso en una denuncia por violencia política en razón de género presentada por la legisladora contra el coordinador de la bancada, procedimiento que, según ha señalado, continuará hasta sus últimas consecuencias.
EN CARICHÍ, la violencia volvió a imponerse sobre la vida cotidiana. Las autoridades decretaron la suspensión de clases y de actividades oficiales en la Presidencia Municipal tras un prolongado enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, situación que evidenció nuevamente la falta de condiciones mínimas de seguridad para estudiantes, funcionarios y habitantes de esa región serrana.
Aunque no se reportaron pérdidas humanas durante los enfrentamientos más recientes, los grupos delictivos incendiaron dos vehículos, una vivienda, parte de las instalaciones de la Presidencia Municipal y otras tres unidades automotrices.
Los hechos ocurrieron apenas días después de que dos mujeres y un hombre fueran privados de la libertad y posteriormente encontrados sin vida, aumentando la preocupación entre los habitantes de la zona.
La situación de Carichí recuerda episodios similares registrados en municipios como Guachochi, Madera y Guadalupe y Calvo, donde la violencia criminal ha obligado a suspender actividades públicas y escolares.
Sin detenidos y con la población enfrentando nuevamente el miedo y la incertidumbre, el municipio suma un nuevo capítulo a la crisis de seguridad que desde hace años afecta amplias regiones de la sierra.
