DE ACUERDO con los tiempos establecidos en la convocatoria para registrar a los defensores estatales de la Cuarta Transformación, a los aspirantes de Chihuahua les corresponde el próximo 23 de junio como día único para realizar su registro.
Por lo tanto, será cuestión de esperar hasta el próximo martes para conocer quiénes deciden participar y, sobre todo, quiénes cumplen con los requisitos de honestidad, trayectoria limpia y separación del cargo público, condiciones establecidas por la dirigencia nacional.
En Chihuahua ya están más que definidos algunos de los perfiles que buscan competir. El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, solicitó licencia al cargo, mientras que la senadora Andrea Chávez también aparece como una de las principales aspirantes.
La licencia es apenas uno de los requisitos. La valoración del resto de las condiciones quedará en manos de la comisión de registro, instancia que determinará quiénes avanzan en el proceso y quiénes quedan fuera. Los resultados se conocerán después de la Copa Mundial de Futbol.
El tercero que ha anunciado que se registrará sí o sí es el profesor Martín Chaparro, exdirigente estatal de Morena e integrante de los grupos fundadores del movimiento, conocidos internamente como los orgánicos.
Habrá que esperar también para conocer si el senador Juan Carlos Loera de la Rosa formaliza su aspiración, pues hasta ahora no ha solicitado licencia, pese a que en diversas ocasiones ha manifestado su interés por convertirse en coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación.
Un escenario similar enfrenta la delegada de Bienestar, Mayra Chávez, quien ha sido incluida en algunas encuestas y se mantiene disponible para cualquier definición partidista, aunque tampoco ha presentado renuncia al cargo.
Ese parece ser el panorama que prevalece actualmente en Morena, salvo que surja alguna candidatura inesperada o que alguno de los aspirantes enfrente contratiempos relacionados con la vigencia de su visa estadounidense, requisito que ha generado amplio debate desde la publicación de la convocatoria.
LUEGO de que fuera vinculado a proceso por el presunto delito de fraude, un juez ordenó el congelamiento de las cuentas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua (STAUACh), organización que encabezó Ricardo Moncayo Alvídrez.
En el mismo expediente judicial también fue vinculada a proceso Carolina Moncayo Alvídrez, quien se desempeñó como presidenta de la Comisión de Vigilancia y Administración del sindicato, instancia responsable del manejo de las cuotas aportadas por los trabajadores universitarios.
La presunción de fraude o desvío de recursos asciende a 16.6 millones de pesos correspondientes al periodo 2019-2022, cuando ambos señalados formaban parte de la dirigencia sindical.
La organización, ahora encabezada por Concepción Rodríguez, enfrenta dificultades operativas derivadas del bloqueo de recursos, por lo que ha tenido que recurrir a la apertura de nuevas cuentas que ya no pueden estar registradas a nombre del sindicato.
Más allá del proceso legal, que continuará la próxima semana, resulta relevante recordar que Ricardo Moncayo ha sido identificado como uno de los operadores políticos de Cruz Pérez Cuéllar en la capital del estado, un vínculo que inevitablemente coloca el caso bajo una óptica política adicional.
LA REFORMA constitucional en materia de equidad de género para la elección de la gubernatura parece destinada a quedarse únicamente como iniciativa, luego de que el Partido Revolucionario Institucional advirtiera que sus diputados votarán en contra.
La propuesta impulsada por Acción Nacional plantea que los partidos políticos alternen el género de sus candidaturas a la gubernatura, de manera que si en la elección anterior postularon a un hombre, en la siguiente deban registrar a una mujer, y viceversa.
Morena también ha expresado su desacuerdo con la iniciativa, debido a que la eventual aplicación de la reforma obligaría al partido a postular a una mujer en la próxima contienda estatal, mientras que el PAN tendría que registrar a un hombre, considerando que su última candidatura fue la de María Eugenia Campos.
El problema para los promotores de la reforma es matemático y político. Al tratarse de una modificación constitucional se requieren 22 votos para alcanzar la mayoría calificada, por lo que sin el respaldo de los cinco legisladores priistas la propuesta prácticamente queda sin posibilidades de prosperar.
