HOY ES turno para Chihuahua y sus aspirantes de Morena para convertirse en el coordinador estatal de la Cuarta Transformación y, muy probablemente, en el próximo candidato a la gubernatura.
Por Chihuahua levantaron la mano cinco interesados, pero todo indica que únicamente quedarán registrados el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar, el exdirigente estatal del partido Martín Chaparro y la senadora con licencia Andrea Chávez.
La delegada de Bienestar, Mayra Chávez, ya anunció que no se registrará y, al parecer, tampoco lo hará el senador Juan Carlos Loera. Ninguno de los dos presentó renuncia o licencia, por lo que luce complicado que puedan cumplir con ese requisito de última hora.
Se supone que los tres aspirantes restantes cumplirán con todas las condiciones establecidas por Morena, especialmente las relacionadas con una “trayectoria intachable” y la ausencia de vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, alrededor de Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar han surgido señalamientos y cuestionamientos públicos.
Morena, por su parte, no ha sido claro sobre los mecanismos para verificar esos requisitos y terminó trasladando la responsabilidad al Instituto Nacional Electoral, organismo que rechazó asumir esa función.
La realidad es que ni Morena ni el INE tienen facultades para certificar la inexistencia de vínculos criminales, ya que esa tarea corresponde a las instancias de procuración de justicia, como la Fiscalía General de la República y las áreas de inteligencia del Gobierno Federal.
Por lo pronto, las mediciones demoscópicas indican que la contienda interna estaría concentrada entre Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar. Martín Chaparro, pese a ser uno de los fundadores del movimiento en Chihuahua, no aparece con fuerza en la percepción pública más allá del grupo de militantes históricos.
La verdadera disputa parece estar entre la estructura territorial de Pérez Cuéllar y la presencia mediática de Andrea Chávez, quien mantiene una alta exposición en redes sociales. Habrá que esperar quiénes formalizan su registro y, posteriormente, quién resulta favorecido en un proceso que se definirá hasta después de concluido el Mundial de Futbol 2026.
LOS DIPUTADOS locales de Morena votaron en contra de la llamada ley antinarco, una propuesta encaminada a impedir que personas vinculadas con organizaciones criminales puedan acceder a candidaturas de elección popular.
La decisión generó fuertes críticas de la oposición y reavivó el debate sobre la estrategia de seguridad impulsada durante los últimos años.
Para sus adversarios políticos, la postura de Morena confirma la continuidad de una política de “abrazos, no balazos”, estrategia que consideran responsable del crecimiento de la violencia en diversas regiones del país.
Más allá de las cifras y de los argumentos partidistas, resulta innegable que existen municipios y comunidades donde la presencia del crimen organizado sigue siendo un desafío para las autoridades.
La oposición sostiene que el oficialismo evita discutir a fondo los mecanismos de contención y combate al crimen, mientras Morena insiste en responsabilizar a administraciones anteriores por la situación actual.
En ese contexto, el coordinador de los diputados del PRI, Arturo Medina, lanzó una de las críticas más severas al señalar que los legisladores guindas terminaron colocándose “del lado de los narcos y no del pueblo”, una declaración que seguramente seguirá alimentando la confrontación política en el Congreso local.
NO VAYA usted a pensar que es una exageración, pero el viralizado Pato “Merlín” terminó apareciendo en la conferencia matutina presidencial, nada menos que en el principal escaparate político y mediático del país. Su presencia generó sorpresa y abrió cuestionamientos sobre las prioridades de comunicación del Gobierno Federal.
Mientras tanto, diversos grupos sociales continúan reclamando espacios de diálogo. Madres buscadoras, trabajadores del sector salud, pilotos, maestros y familiares de víctimas de distintos conflictos nacionales han manifestado en repetidas ocasiones la necesidad de ser escuchados por las autoridades federales.
Para muchos de ellos no ha existido una audiencia directa ni una respuesta satisfactoria a sus demandas.
Por ello resultó inevitable que la aparición del famoso pato fuera interpretada como un distractor. En medio de problemas estructurales que afectan a millones de mexicanos, la imagen terminó convirtiéndose en símbolo de lo que los críticos consideran una estrategia de entretenimiento político.
El Pato “Merlín” se transformó en el nuevo episodio de “pan y circo”, donde el espectáculo ocupa el centro de la conversación mientras los asuntos de fondo continúan esperando soluciones.
