Por J. ALMODÓVAR
CHIHUAHUA CHIH.- El Municipio de Juárez, encabezado por Cruz Pérez Cuéllar -quien actualmente gobierna con licencia- ha llevado al extremo su resistencia a la transparencia: en lugar de responder una solicitud ciudadana de información sobre los salarios de sus familiares en la nómina pública, optó por promover un amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación. Y al perder en primera instancia, interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito para prolongar el secreto.
La pregunta que el municipio se niega rotundamente a responder es concreta y de evidente interés general: ¿cuántos familiares de Cruz Pérez Cuéllar que ganen más de 80 mil pesos mensuales se encuentran cobrando en la nómina municipal de Juárez? No se trata de información confidencial, de seguridad nacional ni de datos reservados de carácter privado. Es información inherentemente pública, por explícito mandato de ley.
El contraste en la entidad es evidente. Diversos ayuntamientos del estado de Chihuahua publican de forma proactiva, digital y abierta los sueldos y salarios detallados de todos sus funcionarios. Cualquier ciudadano puede consultar sin trabas cuánto gana cada servidor público, desde el presidente municipal hasta el último elemento operativo de la administración. Sin embargo, en Juárez esa información elemental no existe —o mejor dicho, existe, pero se oculta deliberadamente bajo el amparo de recursos legales costeados por el propio erario.
El documento judicial obtenido acredita de manera oficial la magnitud de la opacidad institucional. De acuerdo con la razón de cuenta del expediente de Amparo Indirecto (2026), firmada por la secretaria de juzgado, la Lic. Ingrid Berenice Herrera González, el pasado 22 de junio de dos mil veintiséis se dio cuenta al juez de un escrito libre bajo el registro 7816, promovido por el ciudadano Ulises Enrique Pacheco Rodríguez, quien realiza diversas manifestaciones en torno a la abierta resistencia del ayuntamiento.
La evidencia oficial demuestra que el propio municipio, a través de Verónica Aracely González Antuna, actuando de manera oficial en su carácter de Delegada del Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, interpuso formalmente el recurso de revisión el pasado ocho de junio de dos mil veintiséis. Esto, con el firme objetivo de echar abajo la sentencia dictada por el propio Juzgado de Distrito el veintiuno de mayo de dos mil veintiséis, la cual ya había fallado en contra de la opacidad gubernamental y ordenaba transparentar la nómina. Ante esto, el expediente ha sido remitido formalmente al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en turno para que resuelva en definitiva si se mantiene el blindaje sobre los familiares del alcalde.
Lo que debió resolverse con una respuesta simple, honesta y directa a una solicitud de acceso a la información se ha transformado en un litigio prolongado en el Poder Judicial de la Federación que consume tiempo, personal, dinero público y valiosos recursos del sistema de justicia.
A la fecha, la pregunta sigue flotando en el aire sin respuesta alguna. Los juarenses siguen sin saber si los parientes del alcalde con licencia cobran de su erario y en qué magnitud. Mientras tanto, el municipio sigue litigando activamente con abogados públicos para asegurar que esa opacidad no cambie. Cuando una autoridad elige el costoso camino judicial para evitar rendir cuentas, el mensaje hacia la comunidad es inequívoco: tiene algo que esconder. La opacidad no es un accidente administrativo ni un error de trámite. Es una decisión política consciente. Y esa decisión tiene un nombre claro en la administración local.
