EL PRESIDENTE de los Estados Unidos, Donald Trump, terminó por oficializar lo que desde hace meses se advertía: Washington dejará de considerar a México como su socio comercial bajo las condiciones actuales del TMEC.
La revisión anual del acuerdo, en lugar de ofrecer certidumbre, abre la puerta a un desgaste progresivo de un tratado al que todavía le restan diez años de vigencia, pero cuya estabilidad quedó seriamente comprometida.
Conviene recordar que Estados Unidos advirtió oportunamente al gobierno mexicano, incluso antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, sobre los riesgos que implicaría una reforma judicial con elección popular de jueces y magistrados.
El argumento era claro: una transformación de esa naturaleza reduciría la certeza jurídica para las inversiones extranjeras y pondría en entredicho la confianza de los mercados.
Sin embargo, la decisión política e ideológica terminó imponiéndose sobre las advertencias económicas. La reforma judicial avanzó y, para sus críticos, hoy se suma a un escenario marcado por el bajo crecimiento económico, el aumento de la deuda pública y la pérdida de empleos.
En esa lógica, sostienen que el proyecto privilegió la concentración del poder por encima del fortalecimiento institucional.
A ese escenario se agrega otro ingrediente de enorme peso. Las solicitudes de autoridades estadounidenses para detener con fines de extradición a presuntos narcopolíticos vinculados al Cártel de Sinaloa continúan sin respuesta favorable.
Han transcurrido más de dos terceras partes del plazo de 90 días y la postura oficial permanece inalterable: exigir pruebas.
Pero las órdenes de captura no dependen de un discurso político, sino de resoluciones judiciales. Quienes cuestionan la postura del Gobierno Federal recuerdan que la petición proviene de una jueza del Distrito Norte de Nueva York y no directamente de Donald Trump. Aun así, la exigencia de “pruebas” sigue siendo el argumento recurrente desde Palacio Nacional.
Las consecuencias de este deterioro en la relación bilateral podrían ser profundas para la economía mexicana. Quienes observan el conflicto sostienen que el costo de proteger intereses políticos terminará reflejándose en inversiones, empleos y crecimiento económico, mientras el discurso oficial insiste en minimizar las señales provenientes del principal socio comercial del país.
POR CIERTO, la gobernadora María Eugenia Campos Galván reveló que días antes había solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum atender el tema de los presuntos narcopolíticos requeridos por autoridades estadounidenses, al tiempo que advirtió sobre el riesgo que enfrentaba el Tratado Comercial. Hoy, con el anuncio de Trump, aquella advertencia adquiere una dimensión distinta.
Lo cierto es que las alertas fueron desestimadas desde la conferencia mañanera, bajo el argumento de que respondían a intereses políticos o mediáticos. El tiempo dirá si la estrategia de confrontación resulta sostenible frente a las presiones económicas y diplomáticas que comienzan a materializarse.
Mientras tanto, el Gobierno Federal mantiene una narrativa centrada en el discurso político, mientras los efectos sobre la economía, la inversión y la certidumbre jurídica empiezan a convertirse en preocupaciones cotidianas para ciudadanos y empresarios.
EL SECRETARIO de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, aseguró que en Chihuahua no habrá despidos, pese al complejo panorama financiero derivado de los recortes federales. Explicó que la instrucción de la gobernadora es proteger las fuentes de empleo, tanto del personal de base como de quienes laboran bajo esquemas temporales.
El funcionario sostuvo que la disciplina en el gasto corriente ha permitido generar ahorros cercanos a los 100 millones de pesos, estrategia que busca amortiguar el impacto de la disminución de recursos provenientes de la Federación sin afectar la operación esencial de la dependencia.
Eso sí, el ajuste alcanzará diversos programas sociales, que serán sometidos a una revisión para priorizar los recursos disponibles. La apuesta será fortalecer los comedores comunitarios, la atención a los adultos mayores y el respaldo a las personas con discapacidad, sectores considerados los más vulnerables frente al nuevo escenario presupuestal.
