EL EXGOBERNADOR César Duarte Jáquez cumplió ayer seis años desde su detención en Miami, con fines de extradición a petición del Gobierno de México, bajo cargos de asociación delictuosa en perjuicio de las finanzas de Chihuahua.
Antes de su captura existían 22 carpetas de investigación en su contra, varias de las cuales permanecen vigentes. Sin embargo, la jueza del caso únicamente admitió los delitos contemplados para conceder la extradición, conforme a lo establecido en el tratado internacional aplicable.
Dos años permaneció detenido en Estados Unidos y otros dos años y algunos días en el Cereso Número Uno de Chihuahua. Posteriormente obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por determinación judicial, luego de que vencieran los plazos legales sin que existiera una sentencia.
Aunque durante años argumentó problemas de salud e incluso fue hospitalizado en varias ocasiones, su condición mejoró notablemente una vez que enfrentó el proceso desde su domicilio.
La confianza terminó por jugarle en contra. Se dejó ver en restaurantes de lujo, bares y hasta bailando pasitos norteños; declamó, sostuvo reuniones con políticos e intentó influir en decisiones de carácter político y electoral. Para muchos, el mensaje era claro: buscaba reconstruir su influencia y recuperar espacios de poder.
Incluso trascendieron encuentros con actores de Morena y surgieron versiones sobre una eventual incorporación a ese partido, bajo la percepción de que ahí encontraría protección política, como -afirman sus críticos- ocurrió con el exgobernador Javier Corral Jurado.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República reactivó el frente judicial, ahora con el componente de lavado de dinero. El proceso federal derivó en su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde está por cumplir un año de reclusión.
El exceso de confianza terminó pasándole factura. Ni sus abogados encuentran hoy una ruta clara para recuperar la libertad. Duarte no calculó que sus adversarios políticos todavía tendrían capacidad para llevar el litigio al ámbito federal.
Con un sistema judicial completamente alineado al régimen, el panorama luce cada vez más complicado para el exmandatario. Un sexenio de poder absoluto terminó convirtiéndose en años de prisión.
El desvío que dio origen al proceso asciende oficialmente a 98.6 millones de pesos; probablemente la cifra real sea mucho mayor. Lo cierto es que el tiempo transcurrido en prisión ya forma parte del saldo que dejó aquel gobierno.
AYER CORRIÓ como reguero de pólvora en redes sociales la versión sobre el supuesto arresto del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y sujeto, según esas versiones, a una eventual solicitud de extradición.
La información carece de confirmación oficial. Incluso algunos medios del Estado de México retomaron la versión de que Rocha Moya permanecería en una cárcel de transición bajo resguardo de una agencia estadounidense, en espera de un eventual procedimiento de extradición.
Sea cierto o no, los tiempos alimentan las especulaciones. Hace 67 días que Rocha Moya no aparece públicamente y también se cumplieron alrededor de 60 días desde que, según diversas interpretaciones del tratado bilateral, habría vencido el plazo relacionado con ese supuesto procedimiento.
En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió abordar nuevamente el tema durante la conferencia matutina para asegurar que el mandatario con licencia se encuentra en Culiacán, plenamente localizable, y que no está prófugo ni escondido.
La declaración llamó la atención porque contrasta con respuestas anteriores, cuando desde el propio Gobierno Federal se evitaba precisar el paradero del mandatario sinaloense. Alguien no está diciendo toda la historia y, tarde o temprano, se conocerá la verdad.
LA CASA Vernier Consultoría Global y Estudios de Opinión publicó los resultados de su más reciente encuesta, levantada el 7 de julio, sobre las preferencias electorales rumbo al proceso de 2027 en la capital del estado.
Los números mantienen al PAN con una ventaja clara en la intención de voto general, mientras que al interior del partido la competencia comienza a concentrarse entre el exfiscal César Jáuregui y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera.
En la medición por partidos, Acción Nacional alcanza el 48.6 por ciento, mientras que Morena registra 30.7 por ciento. El resto de las fuerzas políticas permanece muy lejos de los dos dígitos.
En cuanto a los aspirantes panistas, César Jáuregui encabeza las preferencias con 22.8 por ciento, seguido por Rafael Loera con 19.8; Manque Granados con 18.6 y Santiago de la Peña con 14.9 por ciento. Los demás perfiles aparecen con porcentajes marginales.
En Morena el panorama es mucho menos competido. La diputada local continúa al frente con 37 por ciento de las preferencias internas, seguida por el exalcalde priista Marco Quezada con 27.1 por ciento. Por ahora, no hay mucho más que reportar en esa medición.
