UNA DEFINICIÓN de la dirigencia nacional de Morena, consensuada con la presidenta Claudia Sheinbaum, estableció que de las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027, 10 candidaturas serán para mujeres y siete para hombres.
La decisión parte del cumplimiento del principio de paridad de género, aunque en los hechos también responde a una estrategia electoral que busca colocar a los perfiles con mayores posibilidades de triunfo.
Con nueve mujeres y ocho hombres competitivos el criterio constitucional podría satisfacerse sin mayores complicaciones, pero cada partido acomoda las reglas de acuerdo con su propia conveniencia política.
Para Chihuahua, la determinación apunta a que la candidatura será para un hombre, lo que modifica por completo el panorama interno de Morena. De confirmarse ese criterio, la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño quedaría prácticamente fuera de la contienda, pese a mantenerse al frente de diversas mediciones sobre el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar.
Aunque continúa registrada en el proceso interno, hasta ahora se desconoce si permanecerá en la competencia o decidirá retirarse ante un escenario que, políticamente, luce cada vez más adverso.
El esquema de paridad terminaría por cancelar sus aspiraciones, aun si resultara vencedora en las encuestas, pues el género terminaría siendo el criterio definitivo para la designación. A ello se suma que la diputada local Rosana Díaz, registrada por el Partido Verde, quedó prácticamente descartada después de que ese instituto político anunciara públicamente su respaldo a Cruz Pérez Cuéllar.
Con ese escenario, la contienda interna se reduce a Martín Chaparro, Luis Carlos Arrieta y Cruz Pérez Cuéllar. De los tres, el alcalde con licencia aparece como el perfil con mayores posibilidades de convertirse en el candidato de Morena, salvo que surja un factor externo de alto impacto, como una eventual cancelación de su visa estadounidense.
POR CIERTO, como si el margen para Andrea Chávez se redujera todavía más, el dirigente nacional del Partido Verde, Arturo Escobar, advirtió que si Cruz Pérez Cuéllar no es el candidato, la alianza con Morena se rompería al menos en Chihuahua. Se trata de un mensaje político que no sólo fortalece la posición del alcalde juarense, sino que también coloca un nuevo obstáculo para la senadora con licencia.
La postura del Verde representa un auténtico “topón” para Andrea Chávez, porque aun en el remoto caso de que Morena decidiera postularla, el partido ecologista anticipó que no acompañaría esa candidatura.
El problema no radica en el porcentaje de votación que aporta el Verde, sino en la posibilidad de que postule a Pérez Cuéllar por separado, dividiendo el voto de la izquierda y debilitando seriamente las posibilidades de Morena de competir por la gubernatura.
El cálculo del Partido Verde parece claro: si no hay candidatura para Cruz Pérez Cuéllar, existe un Plan B que le permitiría competir bajo otras siglas, poniendo incluso en riesgo el principal bastión electoral de Morena en Ciudad Juárez. Por eso, más allá del discurso sobre la alianza, el mensaje enviado desde la dirigencia nacional tiene destinatarios muy específicos.
LA GOBERNADORA María Eugenia Campos Galván aseguró que las decisiones del Gobierno Federal para proteger a funcionarios señalados por la justicia de Estados Unidos ya comenzaron a generar consecuencias económicas para México.
Como ejemplo, citó el anuncio de Toyota de trasladar parte de su producción de Tijuana a Texas, situación que atribuyó a la pérdida de confianza de los inversionistas.
La mandataria sostuvo además que la revisión anual del T-MEC, derivada de la postura asumida por Estados Unidos, incrementa la incertidumbre para la inversión extranjera. En ese contexto, advirtió que estados como Chihuahua, cuya economía depende en gran medida de la manufactura y las exportaciones, podrían resentir con mayor intensidad cualquier disminución en la llegada de capital.
Para Maru Campos, el problema de fondo es la pérdida de certeza jurídica y del Estado de Derecho. Su argumento es que mientras el Gobierno Federal privilegie la protección de actores políticos por encima del cumplimiento de la ley, continuará deteriorándose la confianza de los mercados.
El señalamiento eleva el tono del debate político y anticipa que el impacto económico será uno de los principales ejes de confrontación entre la Federación y los gobiernos de oposición rumbo al proceso electoral de 2027.
