Por J. ALMODÓVAR
CHIHUAHUA CHIH.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aseguró que las decisiones del Gobierno Federal para proteger a funcionarios señalados por la justicia de Estados Unidos ya comenzaron a tener consecuencias económicas para el país, al señalar que la falta de certeza jurídica ha provocado la pérdida de confianza de inversionistas y puso como ejemplo el anuncio de Toyota de trasladar su producción de Tijuana a Texas.
A través de un mensaje difundido este jueves, la mandataria estatal afirmó que Estados Unidos se negó a renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en los términos esperados, por lo que ahora México enfrentará una revisión anual del acuerdo comercial, situación que, dijo, genera incertidumbre para las inversiones.
“Ya llegó la primera factura: la automotriz Toyota anunció que traslada su producción de Tijuana a Texas. Están empezando a irse los empleos y el capital, poniendo en riesgo el futuro de miles de familias en México, especialmente en estados como Chihuahua, cuya economía está vinculada a la manufactura y a la exportación”, expresó.
Campos Galván sostuvo que el problema de fondo es la pérdida de confianza derivada de la falta de Estado de Derecho y acusó que el Gobierno Federal privilegia la protección de actores políticos antes que el cumplimiento de la ley.
En ese contexto, volvió a referirse al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar que continúa sin rendir cuentas por los señalamientos en su contra y criticó que, según dijo, la Fiscalía General de la República manifestó que no cuenta con elementos suficientes para proceder penalmente.
“Rocha Moya sigue sin rendir cuentas. Dicen que está localizable, pero localizable no es lo mismo que responsable. Seguimos sin conocer un solo avance de las investigaciones”, manifestó.
La titular del Ejecutivo estatal afirmó que esta situación refleja lo que calificó como un pacto entre Morena y el crimen organizado, el cual, aseguró, afecta la competitividad, la inversión y la confianza en México.
Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Federal para que actúe y permita que las personas señaladas enfrenten las investigaciones correspondientes.
“Su primera responsabilidad no es cuidar a su partido, sino cuidar a todos los mexicanos”, señaló.
Finalmente, convocó a la ciudadanía a mantener el tema en la discusión pública y cuestionó nuevamente el paradero y la situación jurídica del mandatario sinaloense.
“Las preguntas siguen siendo las mismas: ¿Dónde está Rocha Moya? ¿Por qué protegen a los señalados? ¿Cuánto más va a costarle a México esta complicidad? Al régimen de Morena se lo repito: la patria es primero, no su partido”, concluyó.
