LA RECIENTE visita del director general del IMSS, Zoé Robledo, a Chihuahua terminó por convertirse en una burla para los chihuahuenses, especialmente para los empresarios y los miles de trabajadores que, mes con mes, sostienen financieramente a la institución con sus aportaciones.
La puesta en escena fue impecable: al Hospital Morelos lo maquillaron para proyectar una imagen distante de la realidad, ocultando el deterioro, las carencias y el sufrimiento cotidiano que enfrentan pacientes, familiares y personal médico.
Una realidad que difícilmente puede esconderse detrás de una visita protocolaria.
El Hospital Morelos rebasó hace tiempo su capacidad de respuesta. Fue inaugurado hace más de seis décadas, cuando la capital apenas superaba los 250 mil habitantes. Hoy atiende a una zona metropolitana cercana al millón de personas y continúa operando prácticamente con la misma infraestructura.
Lo paradójico es que Chihuahua aporta alrededor de 2 mil 500 millones de pesos mensuales al IMSS entre cuotas patronales y obreras, recursos que contrastan con la falta de inversión para ampliar o modernizar la capacidad hospitalaria del estado.
Durante su recorrido, Robledo volvió a prometer inversiones millonarias y nuevos hospitales para Chihuahua y Ciudad Juárez, aunque el discurso rápidamente quedó desmentido por los hechos.
Argumentó que los terrenos ofrecidos no cumplían con las especificaciones técnicas, pese a que se pusieron sobre la mesa más de seis alternativas e incluso una donación por parte de un empresario.
Hoy se sabe que el problema nunca fueron los predios; simplemente no existía presupuesto asignado para construir hospitales en Chihuahua, por lo que todo quedó reducido a un discurso político más.
La evidencia llegó apenas días después. Desde la conferencia matutina se presentó el Plan Nacional de Infraestructura, en el que se anunciaron 21 nuevos hospitales para IMSS-Bienestar. Chihuahua simplemente no apareció en la lista.
La realidad terminó por derrumbar la narrativa oficial: el estado seguirá sin nuevos hospitales, pese a ser una de las entidades que más recursos aporta al sistema de seguridad social.
MIENTRAS tanto, en el Congreso del Estado todo apunta a que la diputada panista Joceline Vega Vargas asumirá la presidencia de la Mesa Directiva para el tercer y último año de la actual Legislatura.
Salvo un cambio inesperado en las negociaciones internas, la legisladora cuenta con el consenso suficiente para encabezar una etapa que será especialmente relevante por el cierre de trabajos legislativos y por el arranque del ambiente político rumbo a las elecciones de 2027.
La rotación de la presidencia se mantiene conforme a los acuerdos construidos al inicio de la Legislatura. Morena abrió el ciclo con Elizabeth Guzmán Argueta; posteriormente el PRI ocupó la posición con Guillermo Ramírez, quien concluirá funciones al finalizar agosto.
Ahora corresponde al PAN asumir la conducción del Pleno, una responsabilidad que también tendrá un fuerte contenido político ante la cercanía del proceso electoral.
Y PRECISAMENTE con la mirada puesta en 2027, el Partido Acción Nacional comenzó a endurecer los filtros para quienes buscan una candidatura. La dirigente estatal, Daniela Álvarez, dejó claro que el registro no garantiza una postulación, ya que todos los perfiles serán sometidos a una revisión jurídica y estatutaria antes de recibir el visto bueno definitivo.
La dirigencia panista revisará que ninguno de los aspirantes arrastre sanciones partidistas, procesos internos o antecedentes que impidan competir bajo las siglas del partido.
Además, el listado definitivo dependerá primero de una validación nacional y posteriormente de una segunda revisión en los comités estatales.
En otras palabras, el verdadero proceso apenas comienza y más de uno podría quedarse en el camino antes de llegar siquiera a la boleta interna.
