Por R. HOLGUÍN
CHIHUAHUA CHIH.- Los exalcaldes panistas Ramón Galindo y Gustavo Elizondo presentaron este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por los presuntos delitos de peculado y uso indebido de facultades y atribuciones relacionados con la contratación del servicio de arrendamiento de ocho barredoras mecánicas.
Los denunciantes sostuvieron que el presunto daño patrimonial asciende a 105 millones de pesos y aseguraron contar con documentación suficiente para acreditar las irregularidades que, a su juicio, se cometieron durante el proceso de contratación.
“El motivo que nos trajo acá es porque el monto de peculado asciende a más de 100 millones de pesos. Vamos a demostrarles, primero a ustedes y posteriormente a la Fiscalía, que lo que estamos señalando tiene sustento”, señalaron al concluir la presentación de la denuncia.
De acuerdo con el documento entregado a la Fiscalía, el Municipio de Juárez celebró un contrato por 29 meses, del 5 de abril de 2022 al 31 de agosto de 2024, para el servicio de barrido mecánico de vialidades mediante ocho barredoras, por un monto total de 105.6 millones de pesos.
El contrato contempla pagos por 33.6 millones de pesos en 2022, correspondientes a ocho meses de servicio; 36 millones de pesos durante 2023, por doce meses, y 36 millones de pesos en 2024, por los últimos ocho meses del convenio.
Galindo y Elizondo argumentaron que, con base en esos montos, el Municipio habría desembolsado alrededor de 13.5 millones de pesos por cada barredora, equivalentes aproximadamente a 750 mil dólares por unidad rentada, cuando -afirmaron- el precio de compra de un equipo similar no supera los 50 mil dólares.
“Se pudieron haber adquirido no menos de trece barredoras. En este caso, tan solo por la renta y el servicio de limpieza se pagó 13.5 millones por barredora”, manifestaron.
En la denuncia, denominada “Denuncia penal por la contratación en arrendamiento legal de ocho barredoras mecánicas”, los exalcaldes señalan diversas presuntas irregularidades, entre ellas la falta de un estudio de conveniencia económica para justificar el arrendamiento; la reducción de los plazos del procedimiento de licitación y la participación de una sola empresa; que la compañía adjudicada, PYPRA S. de R.L. MI, tenía un objeto social distinto al servicio de limpieza mecanizada; que, por su clasificación como microindustria, su capacidad de facturación anual sería inferior al monto contratado, y la presunta inexistencia de evidencia de que contara con las ocho barredoras registradas en el padrón vehicular.
Finalmente, los denunciantes informaron que la querella ya fue ratificada ante la Fiscalía Anticorrupción y adelantaron que en los próximos días entregarán la documentación que, aseguraron, respalda cada uno de los señalamientos incluidos en la denuncia para que la autoridad determine la existencia o no de responsabilidades.
