LO DE LA candidatura a la gubernatura del PAN con el alcalde de la capital, Marco Bonilla Mendoza, prácticamente es un hecho y el próximo sábado el Consejo Político Estatal del PAN estaría oficializando la decisión, con la presencia del secretario nacional, Santiago Taboada, quien dará fe del acuerdo.
Bonilla llega como aspirante único, luego de que Jesús Valenciano y el secretario estatal de Seguridad Pública, Gilberto Loya, le dieron paso al capitalino, quien durante meses ha mantenido las encuestas a su favor.
El escenario terminó por despejarse y, salvo que ocurra algo extraordinario, el alcalde será quien encabece la apuesta panista rumbo al 2027.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván también ha venido enviando señales en ese sentido. El mensaje más reciente fue la reunión que sostuvo en Palacio de Gobierno con Gilberto Loya, de la que se desprendió que el funcionario no buscaría la candidatura a la gubernatura.
Con ello, uno de los principales nombres que aparecía en la baraja terminó por hacerse a un lado.
Pero no sólo se trata de Loya. Durante la última semana, la mandataria estatal ha puesto sobre la mesa el nombre de Marco Bonilla en reuniones con distintos sectores de la sociedad, donde el alcalde ha salido, coloquialmente, con estrellita en la frente. La operación política parece estar más que encaminada.
El alcalde estaría solicitando licencia para separarse del cargo durante la primera semana de septiembre, una vez que cumpla con su segundo informe de gobierno, programado para el próximo cinco de septiembre. A partir de entonces tendría libertad para asumir de lleno la responsabilidad de Coordinador Estatal de la Defensa de la Patria, figura con la que podría recorrer el estado y comenzar a construir formalmente su proyecto político.
El Consejo Político Estatal también tendrá sobre la mesa el análisis de posibles alianzas con el PRI y otros partidos, tanto para la candidatura a la gubernatura como para diputaciones y presidencias municipales, particularmente en aquellos distritos y municipios donde existan condiciones para construir acuerdos electorales.
POR OTRO LADO, el Instituto Nacional Electoral ordenó al Partido Acción Nacional retirar los espectaculares instalados en Ciudad Juárez y Chihuahua capital que contienen el mensaje “Muerte y Morena es Muerte”.
La determinación fue considerada por Acción Nacional como un acto de censura desde los órganos electorales, argumento que seguramente seguirá formando parte del discurso panista durante los próximos meses.
El asunto recuerda lo ocurrido con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien el INE también ha ordenado moderar expresiones en contra de Morena y del Gobierno Federal.
La discusión de fondo es hasta dónde puede llegar la autoridad electoral para limitar expresiones políticas durante un proceso que, aunque todavía no arranca formalmente, ya tiene a los partidos metidos de lleno en la disputa.
En el caso del PAN, el argumento que se ha colocado sobre la mesa es que los espectaculares fueron registrados y autorizados previamente, por lo que resulta contradictorio que posteriormente se ordene retirarlos. Desde la perspectiva panista, se trata de una nueva muestra de lo que consideran una intervención excesiva de la autoridad electoral.
La pregunta que queda hacia adelante es cómo serán las elecciones de 2027 y, sobre todo, cuál será el comportamiento de las instituciones electorales frente a campañas cada vez más confrontadas. El debate sobre la independencia del INE y su actuación será inevitable, aunque por ahora será mejor dejar el análisis de fondo para después.
POR CIERTO, en Morena tampoco terminan de acomodar las piezas. La definición de su Coordinador Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación podría concretarse a finales de este mes o incluso recorrerse hasta septiembre.
Lo que se ha ventilado desde la dirigencia nacional es que podría modificarse el método inicialmente planteado.
La posibilidad que circula es que, en lugar de elegir a un solo defensor estatal, Morena pudiera dejar dos o hasta tres perfiles con vida rumbo al proceso electoral.
La explicación oficial tendría que ver con mantener la medición de fuerza, posicionamiento y capacidad de competencia de cada aspirante durante un periodo más prolongado.
En términos políticos, sería algo parecido a un cuadrilátero de boxeo: varios contendientes, todos midiendo fuerza, capacidad de ataque, resistencia y recepción de golpes, mientras la dirigencia nacional observa quién logra mantenerse de pie y con mejores números. La diferencia es que aquí no habrá campana que marque el final del combate, sino una decisión política.
En ese escenario, en Chihuahua permanecerían vivos Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez y Martín Chaparro, aunque la definición dependerá de las decisiones internas de Morena y, sobre todo, de lo que resulte conveniente para la dirigencia nacional.
La posibilidad de mantener a varios perfiles activos también permitiría seguir midiendo su posicionamiento frente al electorado.
Claro que desde afuera la lectura es distinta. En los círculos políticos existe la percepción de que algunas decisiones podrían estar condicionadas por factores externos, particularmente por la relación con Estados Unidos y la posibilidad de que alguno de los aspirantes enfrente problemas relacionados con su visa. Por ahora son versiones y escenarios que circulan en el ambiente político, pero si algo ha demostrado la sucesión de Chihuahua es que cualquier movimiento puede cambiar el tablero de un día para otro.
