Por José Luis JÁQUEZ BALDERRAMA
CHIHUAHUA CHIIH.- El anteproyecto de lineamientos para proteger derechos de audiencias abrió un acalorado debate en México entre autoridades, periodistas, concesionarios de radio y televisión.
Es un debate que lleva trece años “agitando” el ambiente político y mediático y parece que no llegará “a buen puerto”.
La tentación del poder político por “maniatar” a los medios de comunicación a través de nuevas leyes, amenazas o supresión de la publicidad oficial no es nueva en México. Basta recordar la frase del entonces presidente Jose López Portillo: “no pago para que me peguen.” Esto fue un 7 de junio de 1982 en el marco del día de la Libertad de Expresión.
Esta reacción surge por la cancelación de la publicidad a medios críticos como la revista Proceso. A cuatro décadas, dicha frase sigue siendo una norma en México.
La nueva norma obliga a no difundir “información falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual”. Este tema calentó más el ambiente mediático. Y es que la parte oficial no ha aclarado quién determina cuándo una información cumple esa definición ni bajo qué criterios.
De acuerdo a los nuevos lineamientos, se deja en manos del gobierno decidir dónde termina la noticia y dónde comienza la opinión.
En el ejercicio periodístico, los acontecimientos van necesariamente acompañados de contexto, análisis e interpretación, y separar estos elementos a criterio de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, resulta imposible.
El anteproyecto se da a conocer directamente desde la “mañanera” precisamente en el momento en que las agresiones contra la prensa libre registran cifras récord.
En nuestro país, los fundamentos de los derechos de las audiencias están en los Artículos 6 y 7 de la Constitución, reformados en el 2013. Antes, en 2007, el Artículo 6 fue reformado para el derecho de réplica y que el derecho a la información sea garantizado por el Estado.
Es hasta 2014 cuando se crea la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pero, ante las críticas y controversias, en julio de 2025 fue abrogada y sustituida por la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Un año después, el gobierno federal reavivó el tema sobre los derechos de las audiencias. Se abrió con todo el debate entre protección y censura. ¿Y usted qué opina?
