LA GOBERNADORA María Eugenia Campos Galván se decantó ayer por una postura que, en términos políticos, empieza a tomar forma rumbo a la elección del próximo año: el PAN debe construir una alianza con otros partidos para enfrentar a Morena y sus aliados.
La mandataria estatal ve necesaria una coalición con el PRI y, eventualmente, una suma de facto con Movimiento Ciudadano. El razonamiento es sencillo: ir separados significaría fragmentar el voto opositor, mientras que Morena mantendría prácticamente intacta su base electoral. En una elección estatal, desde luego, existen variables que pueden modificar cualquier pronóstico, pero la aritmética política también cuenta.
Campos coincide así con quien hoy ocupa la coordinación política estatal del PAN, Marco Bonilla, quien desde hace tiempo se ha pronunciado a favor de construir acuerdos electorales.
No es un asunto menor: el alcalde capitalino ya experimentó los beneficios de una alianza en la elección pasada, cuando consiguió la reelección al frente del Ayuntamiento de Chihuahua.
Por eso, todo apunta a que PAN y PRI terminarán caminando juntos en la elección de 2027. El verdadero signo de interrogación está en Movimiento Ciudadano, porque ahí todavía no existe una definición clara y cualquier acuerdo dependerá de las condiciones políticas que se construyan en los próximos meses.
La dirigencia nacional panista ha sostenido que Acción Nacional irá solo a la elección, pero también es cierto que una cosa es el discurso nacional y otra la realidad de cada estado. Al final del día habrá que hacer consideraciones regionales y evaluar dónde conviene competir juntos y dónde resulta más rentable ir por separado.
En el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas parece estar puesto para escuchar ofertas, y su visita a Chihuahua el próximo día 30 seguramente servirá para conocer de primera mano cuál es la disposición del priismo local para construir una eventual alianza.
Tiempo todavía hay. Lo que falta es voluntad política, porque las candidaturas, las posiciones y los acuerdos pueden negociarse; lo complicado será conseguir que todos entiendan que, frente a Morena, dividirse podría terminar siendo el peor de los negocios.
EL EQUIPO jurídico del exgobernador César Duarte Jáquez, actualmente recluido en el penal del Altiplano, solicitó al juez que modifique las medidas cautelares y le permita continuar su proceso judicial desde su domicilio.
El argumento central de la defensa es que la salud del exmandatario se ha deteriorado desde su segunda detención en México, por lo que consideran que existen condiciones para modificar su permanencia en prisión.
Sin embargo, el planteamiento inevitablemente genera dudas porque el argumento de la salud ya fue utilizado en el pasado cuando Duarte permanecía recluido en Chihuahua. Finalmente, la jueza modificó las medidas cautelares después de que cumplió dos años de prisión y en medio de los señalamientos sobre su condición médica.
Ahora habrá que esperar la determinación judicial. Lo cierto es que la defensa vuelve a colocar el tema de la salud como una de sus principales cartas, y será el juez quien determine si existen elementos suficientes para permitir que el exgobernador continúe el proceso fuera del penal.
NO DEJA de llamar la atención la postura asumida por una diputada local de Morena, Leticia Ortega, que busca evitar que a los cárteles de la droga mexicanos se les denomine organizaciones terroristas.
El concepto, conviene aclararlo, no fue establecido por el Gobierno de Chihuahua, sino que corresponde a una determinación de Estados Unidos, de ahí que resulte cuando menos peculiar que desde el ámbito legislativo local se pretenda cuestionar esa denominación.
La legisladora argumenta que el terrorismo corresponde a grupos con objetivos políticos que actúan contra determinados regímenes, y bajo esa interpretación considera que no debería aplicarse a las organizaciones del crimen organizado mexicano.
El problema es que resulta difícil sostener que los grupos criminales no utilizan el terror como mecanismo de control, cuando existen comunidades enteras sometidas por amenazas, extorsiones, asesinatos, desapariciones y desplazamientos.
Negar la naturaleza terrorista de determinadas acciones del crimen organizado puede terminar pareciéndose demasiado a minimizar el problema que vive el país. Y cuando desde la tribuna se intenta descalificar un concepto que otros gobiernos utilizan precisamente para combatir a esas organizaciones, inevitablemente surge una pregunta: ¿por qué tanta preocupación por cambiarles el nombre?
Porque, al final, negar el problema no significa que el problema deje de existir.
