BUENO, dicho desde dentro de un sector morenista claramente proclive al proyecto político de Andrea Chávez Treviño, el verdadero atorón de la dirigencia nacional de Morena para definir al defensor o defensora de la Cuarta Transformación en Chihuahua tendría una explicación muy concreta: la senadora con licencia estaría arriba de Cruz Pérez Cuéllar en las encuestas.
El asunto, que en principio parecería meramente estadístico, tiene implicaciones políticas mucho mayores, sobre todo por la presión que ejerce el grupo Tabasco, con el senador Adán Augusto López al frente y con Andrés Manuel López Obrador como referencia política de ese bloque.
El problema para Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, es que la decisión no parece estar únicamente en sus manos, pero tampoco las encuestas le están dando el escenario que algunos esperaban. De haber existido un acuerdo claro, Chihuahua habría aparecido desde el 28 de agosto, fecha originalmente marcada para las primeras definiciones.
Montiel sostiene que no hay prisa y que existe tiempo suficiente para tomar la decisión. Pero ése no parece ser el verdadero problema. El fondo está en que, de acuerdo con las versiones que circulan dentro del propio partido, Claudia Sheinbaum, Ariadna Montiel y Ricardo Monreal se habrían decantado por Cruz Pérez Cuéllar, mientras que el problema es que el alcalde juarense no estaría encabezando las preferencias.
Y ahí está precisamente el nudo. Morena necesita llegar a un acuerdo con Andrea Chávez o con Cruz Pérez Cuéllar, pero ninguno de los grupos parece dispuesto a ceder. Tabasco no quiere hacerlo y tampoco quienes desde Palacio Nacional impulsan una determinada salida.
Por eso el pronóstico sigue siendo reservado. En Morena, las encuestas suelen presentarse como la expresión de la voluntad popular, como si fueran una especie de oráculo político. Pero todos saben que también pueden convertirse en una herramienta para construir percepción y justificar decisiones previamente tomadas.
Si Andrea Chávez realmente está arriba en las preferencias, su grupo difícilmente aceptará que le arrebaten la candidatura por una negociación política. Y si la decisión finalmente favorece a Cruz Pérez Cuéllar, habrá que medir la reacción del otro grupo.
Porque tampoco es secreto que Pérez Cuéllar tiene antecedentes de no aceptar fácilmente una derrota política. Ya ocurrió hace cinco años, cuando compitió internamente y terminó imponiéndose a Juan Carlos Loera, pero no obtuvo la candidatura que buscaba. El premio de consolación fue entonces la candidatura a la alcaldía de Ciudad Juárez, cargo que le permitió mantenerse vigente durante seis años.
Ahora el escenario es diferente. Nadie parece querer un premio de consolación para ninguno de los dos punteros. O quizá, peor aún, la dirigencia nacional todavía no encuentra la fórmula para convencer al derrotado de que acepte la decisión.
Y ése es justamente el problema: si no existe un acuerdo político, la encuesta por sí sola no resolverá la crisis. La definición de Chihuahua no solamente está en juego entre Andrea y Cruz; también está midiendo la capacidad de Morena para conciliar a sus propios grupos de poder.
DECENAS de maestros recién egresados recorren oficinas, protestan y buscan una plaza, mientras la Secretaría de Educación se escuda en la reducción de la matrícula y en las reglas del proceso.
La contradicción resulta difícil de ignorar: el ciclo escolar comenzó con alrededor de 390 docentes faltantes frente a grupo, mientras algunos aspirantes llevan hasta cinco años enlazando plazas temporales, esperando una oportunidad para obtener una base.
La autoridad sostiene que las plazas deben distribuirse de acuerdo con el número de alumnos y las necesidades reales de cada plantel. Muy bien. Entonces habría que aplicar la misma regla en todos los espacios del sistema educativo, incluida la Escuela de Trabajo Social.
La propia Secretaría reconoce que Chihuahua perdió más de 45 miles. Pero falta conocer públicamente cuántos alumnos, docentes, horas frente a grupo y recursos mantiene actualmente esa institución, porque ahí es donde comienza la verdadera discusión.
Los señalamientos internos hablan de grupos de apenas 12 estudiantes, menos de 40 jóvenes de nuevo ingreso, alrededor de 200 alumnos y una plantilla superior a 35 docentes. Si esas cifras son incorrectas, corresponde al director del plantel, Martín Campoy Zamorano, mostrar los números oficiales y despejar cualquier duda.
Pero si son ciertas, la pregunta resulta inevitable: ¿por qué se mantiene una estructura tan generosa mientras en educación básica desaparecen grupos y se niegan plazas argumentando falta de matrícula?
También debe aclararse si existen vínculos sindicales que influyen en las contrataciones. Mayra Gabriela Flores aparece simultáneamente como subdirectora académica de la escuela y secretaria de Trabajo y Conflictos de Educación Superior de la Sección 42. Eso, por sí mismo, no demuestra una irregularidad, pero sí representa una circunstancia que amerita transparencia.
Sobre todo porque existe la percepción de una relación de cercanía y protección de Manuel Quiroz hacia la dirección de Trabajo Social, mientras los maestros recién egresados y quienes llevan años como interinos permanecen en una espera que parece no tener fecha de vencimiento.
La Secretaría acaba de instalar una mesa para revisar directamente las vacantes y transparentar su asignación. Pues que empiece por lo básico: nómina, matrícula, cargas horarias y criterios de contratación de Trabajo Social.
Porque cuando la austeridad se aplica al maestro que trabaja en una comunidad, pero no parece alcanzar a quienes están cerca del poder sindical, deja de parecer una simple regla administrativa y comienza a parecer un privilegio cuidadosamente protegido.
FINALMENTE, este día se inaugura en Ciudad Juárez la Torre Centinela, uno de los proyectos de seguridad más ambiciosos de la administración estatal, con una inversión cercana a los cuatro mil millones de pesos entre infraestructura, tecnología e inteligencia.
La obra llega a su inauguración después de retrasos, cuestionamientos y una fuerte polémica por el tamaño de la inversión. Ahora comienza la verdadera prueba: demostrar que toda esa infraestructura tecnológica se traduce en algo mucho más sencillo de medir para los ciudadanos: seguridad.
Porque una torre puede ser monumental, la tecnología puede ser sofisticada y la inversión puede alcanzar cifras históricas, pero el éxito de Centinela no se medirá por el tamaño del edificio, sino por su capacidad para prevenir delitos, combatir al crimen organizado y devolver tranquilidad a los chihuahuenses.
La gobernadora María Eugenia Campos encabezará la inauguración, acompañada por invitados especiales. La ausencia de funcionarios federales y legisladores de Morena, particularmente si se confirma, tendrá inevitablemente una lectura política.
No sería una novedad la distancia de Morena frente a los proyectos emblemáticos del gobierno estatal, pero esta vez el asunto adquiere otra dimensión porque se trata de seguridad, uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos.
El Gobierno del Estado tendrá ahora que demostrar con resultados que los cuatro mil millones de pesos no fueron únicamente una apuesta tecnológica y política, sino una inversión que realmente puede modificar la realidad de seguridad en Chihuahua.
Y ahí ya no habrá discurso que valga. Centinela tendrá que hablar con resultados.
