LA PRUEBA PISA volvió a desnudar la realidad de la educación en México y, de paso, dejó en evidencia el fracaso de las políticas educativas de la llamada Nueva Escuela Mexicana, además del poco interés que el Gobierno Federal parece tener por lo que debería ser una de las inversiones estratégicas de cualquier país: la educación.
Los números son contundentes y difícilmente admiten maquillaje. México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias, muy por debajo de los promedios de la OCDE, que fueron de 463, 461 y 482 puntos, respectivamente. Es decir, no se trata de una diferencia menor ni de un simple tropiezo estadístico: estamos hablando de una brecha educativa que compromete el futuro de millones de jóvenes.
En matemáticas, apenas 30 de cada 100 estudiantes alcanzaron el nivel básico de competencia, mientras que en los países de la OCDE fueron 65 de cada 100. En ciencias, México llegó al 50.4 por ciento frente al 74 por ciento de la organización, y en lectura aproximadamente la mitad de los alumnos alcanzó el nivel básico, contra 69 por ciento en el promedio de la OCDE. Pero quizá el dato más preocupante es otro: 42 de cada 100 estudiantes mexicanos quedaron por debajo del nivel básico en las tres áreas al mismo tiempo.
Y mientras en los países de la OCDE alrededor de 12 de cada 100 estudiantes alcanzan los niveles más altos de desempeño, en México apenas lo hace medio estudiante por cada 100, aproximadamente uno de cada 200. Ahí está el tamaño del problema. Frente a 2022, además, México cayó siete puntos en matemáticas y siete en lectura, mientras apenas avanzó cuatro en ciencias.
Lo verdaderamente preocupante es que, en lugar de asumir el fracaso, el Gobierno Federal parece más interesado en defender el discurso que en corregir el desastre. La educación no se arregla con ideología, sino con calidad, disciplina, evaluación y resultados.
POR LO menos en los dichos, ya estaría marcada la fecha para que Marco Bonilla Mendoza solicite licencia al Cabildo de Chihuahua y se separe de la Presidencia Municipal para asumir de lleno su nuevo encargo como coordinador de estrategia política del PAN en el estado.
La primera semana de octubre aparece como la fecha tentativa y, casualmente, prácticamente coincidiría con el arranque del proceso electoral local.
A partir de ahí comenzará otra etapa para el alcalde, quien tendrá que recorrer el estado, construir estructura y meter orden en el tablero panista rumbo al 2027. La figura de coordinador estatal no será solamente decorativa: tendrá que trabajar en la construcción de las candidaturas, en la operación territorial y, desde luego, en la definición de una estructura capaz de enfrentar la elección por la gubernatura.
Pero hay algo más. Bonilla tendrá que involucrarse necesariamente en el complicado asunto de las alianzas electorales. No solamente como operador político del PAN, sino como el personaje que cada vez aparece con mayor claridad en la ruta hacia la candidatura a gobernador.
Porque una cosa es decir que todavía no hay candidato y otra muy distinta es ignorar las señales que se están acumulando. La política, al final, también se construye con los tiempos, los movimientos y las licencias.
SE ENTIENDE que Cruz Pérez Cuéllar anda encampañado y que desde ahora pretende posicionarse para la contienda de 2027, pero afirmar que la Torre Centinela es una “mugrosa obra” resulta, por decir lo menos, un despropósito político. Es el tipo de descalificación que termina sustituyendo los argumentos por el insulto y que recuerda demasiado a la vieja escuela de Morena y Andrés Manuel López Obrador, aquella en la que todo lo que hace el adversario es malo simplemente porque lo hizo el adversario.
La Plataforma Centinela es, guste o no a sus críticos, uno de los proyectos de seguridad más importantes de la actual administración estatal. Se trata de una infraestructura diseñada alrededor de tecnología, inteligencia, monitoreo y coordinación de las corporaciones de seguridad, con la intención de convertirla en un centro de mando para atender la problemática delictiva en todo Chihuahua.
Se puede cuestionar su costo, su funcionamiento o sus resultados; eso es parte del debate democrático. Lo que resulta difícil de sostener es que sea simplemente una obra “mugrosa” e inservible sin presentar un solo argumento serio.
Y aquí aparece la pregunta política que Cruz Pérez Cuéllar tendría que responder: ¿por qué descalificar una herramienta destinada al combate contra la inseguridad y el crimen organizado? Si tiene elementos técnicos para demostrar que la Plataforma Centinela no funciona, que los presente.
Si considera que existe corrupción, que denuncie. Si piensa que el modelo es equivocado, que explique cuál sería su alternativa. Porque una cosa es hacer campaña y otra muy diferente convertir la seguridad de los chihuahuenses en otro capítulo de la guerra política. La seguridad no debería ser un asunto de grilla electoral.
