EL MAYOR damnificado políticamente por la decisión de no designar a Andrea Chávez Treviño como coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua sería, en el terreno de las alianzas internas, el senador Adán Augusto López Hernández, identificado desde hace años como uno de los principales respaldos políticos y económicos de la legisladora juarense.
Adán Augusto apostó fuerte, y durante varios años, por el proyecto de Andrea Chávez, pero finalmente esa apuesta no alcanzó para colocarla al frente de la candidatura.
La definición terminó favoreciendo a Cruz Pérez Cuéllar, en una decisión que deja al descubierto los equilibrios y jaloneos existentes dentro de la estructura nacional del partido. López Hernández pertenece al llamado grupo Tabasco y mantiene una relación política de larga data con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el desenlace también representa un revés para ese sector.
El efecto dominó alcanza ahora a la propia Andrea Chávez. Todo indica que la decisión le fue comunicada prácticamente al final del proceso, posiblemente para evitar una reacción anticipada de los grupos que respaldaban su proyecto.
La gran incógnita es cuál será ahora la respuesta del grupo Tabasco, porque sería ingenuo pensar que los reacomodos terminaron con el anuncio de la candidatura. En política, cuando una puerta se cierra, normalmente comienza la búsqueda de otra.
Y en ese reacomodo tampoco puede perderse de vista a Cruz Pérez Cuéllar. El alcalde con licencia ha enfrentado en los últimos meses señalamientos y actuaciones de autoridades federales relacionadas con investigaciones sobre el grupo Carvel, mientras desde el entorno político de Andrea Chávez se han formulado críticas y cuestionamientos contra el juarense. El episodio dejó un antecedente que seguramente seguirá sobre la mesa durante el proceso de 2027.
En el recuento de daños aparecen también los senadores chihuahuenses Juan Carlos Loera de la Rosa y Javier Corral Jurado, quienes han mantenido posiciones políticas cercanas al proyecto de Andrea Chávez.
Corral, particularmente, reaccionó públicamente en su cuenta de X contra la designación de Pérez Cuéllar y cuestionó sus antecedentes políticos, además de relacionarlo con César Duarte y con la gobernadora María Eugenia Campos. La confrontación entre ambos grupos está lejos de ser un asunto menor, porque el reacomodo de las candidaturas rumbo a 2027 apenas comienza.
POR CIERTO, Juan Carlos Loera solicitó una licencia indefinida al Senado, movimiento que abre la especulación sobre una eventual búsqueda de la candidatura a la alcaldía de Ciudad Juárez. La licencia de Loera modifica todavía más el tablero fronterizo, particularmente porque también ha sido identificado como parte del equipo político que respaldó a Andrea Chávez.
Hasta hace poco, una de las posibilidades que circulaban era que Andrea Chávez pudiera competir por la alcaldía juarense. Ahora el escenario se complica con la incorporación de Loera a la ecuación y con el arribo de Cruz Pérez Cuéllar a la competencia por la candidatura estatal. Incluso queda pendiente saber qué ocurrirá con Mayra Chávez, quien había sido mencionada para la candidatura municipal desde el entorno de Pérez Cuéllar.
Y queda la pregunta obligada: ¿cuál será el destino político de Andrea Chávez? El Partido del Trabajo ha dejado abierta la posibilidad de respaldarla para la gubernatura, aunque cualquier movimiento en esa dirección dependerá de las negociaciones entre las distintas fuerzas de la llamada Cuarta Transformación. El tablero, por ahora, está completamente abierto.
ERA DE ESPERARSE que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizara la reforma electoral de Chihuahua y, particularmente, el apartado relacionado con la posibilidad de anular una elección cuando se acreditara la intervención del crimen organizado mediante la imposición, financiamiento o presión sobre candidaturas.
La Corte determinó invalidar parte de esas disposiciones, al considerar que la legislación estatal no podía establecer esos supuestos en los términos planteados.
El asunto generó una fuerte reacción política en Chihuahua, particularmente porque legisladores de Morena habían votado en contra de ese apartado durante el proceso legislativo local y posteriormente promovieron la impugnación.
Desde el Gobierno estatal se había defendido la reforma como un mecanismo para impedir que grupos criminales intervinieran en los procesos electorales.
Los ministros sostuvieron argumentos relacionados con la necesidad de acreditar jurídicamente el vínculo entre una candidatura y el crimen organizado antes de producir una consecuencia tan grave como la nulidad de una elección. El debate de fondo queda abierto: cómo impedir la intromisión del crimen organizado en las elecciones sin vulnerar los principios constitucionales que rigen los procesos electorales.
Para Chihuahua, donde la seguridad y la influencia de grupos criminales forman parte permanente de la discusión pública, el fallo representa un nuevo capítulo en la disputa entre el ámbito estatal y el federal.
La discusión apenas comienza, porque el reto será encontrar mecanismos jurídicos eficaces que permitan proteger las elecciones sin dejar vacíos legales que puedan ser aprovechados por quienes pretendan intervenir en ellas.