Por HOLGUÍN
CHIHUAHUA CHIH.- Ante la persistencia del acoso y la violencia sexual en el transporte público, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y establecer medidas concretas de prevención, capacitación y atención, además de un punto de acuerdo para fortalecer la respuesta de las autoridades y garantizar mayor seguridad para mujeres, niñas, niños y adolescentes durante sus traslados.
La legisladora señaló que ninguna mujer debería sentir miedo al abordar un camión, tomar un taxi o utilizar un vehículo de plataforma para regresar a casa. Sin embargo, la percepción de inseguridad continúa siendo una realidad que limita la libertad de movilidad de miles de mujeres y las obliga a adoptar medidas de precaución para trasladarse diariamente.
De acuerdo con datos citados en la iniciativa, el 73.8 por ciento de las mujeres en México percibe inseguridad en el transporte público. Asimismo, el Instituto Nacional de las Mujeres estima que las mexicanas realizan alrededor de 10 millones de desplazamientos diarios, de los cuales el 74 por ciento se realizan en transporte público, lo que evidencia la importancia de garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante sus traslados.
Argüelles Díaz destacó que el acoso y la violencia sexual en el transporte pueden manifestarse de distintas formas, desde comentarios, silbidos y tocamientos, hasta intimidación, exhibicionismo, acecho y persecución. Por ello, consideró necesario que las autoridades cuenten con mecanismos claros de prevención, atención, coordinación y denuncia ante este tipo de situaciones.
La iniciativa plantea incorporar expresamente a la Ley de Transporte el Protocolo Estatal de Actuación ante casos de abuso sexual en el transporte público, como instrumento para establecer criterios mínimos de prevención, atención y coordinación interinstitucional, con especial énfasis en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Entre las reformas propuestas se contempla que las personas concesionarias y conductoras del transporte colectivo acrediten capacitación y actualización en dicho protocolo, además de fortalecer las obligaciones relacionadas con la identificación del personal y el cumplimiento de las disposiciones aplicables. También se plantea que las unidades cuenten con condiciones adecuadas de accesibilidad e iluminación.
Durante la construcción de esta propuesta, la legisladora sostuvo un diálogo con Catalina García, representante de Rudas y Cursis, Colectivo Antiacoso, quien creó esta organización a partir de la experiencia de acoso que vivió su hija en la ruta Punta Oriente, en la ciudad de Chihuahua. Desde entonces, Catalina ha acompañado a víctimas y enfrentado las dificultades del sistema para exigir que estas situaciones sean visibilizadas y que existan mejores condiciones de protección para quienes utilizan el transporte público.
“La historia de la hija de Catalina es la historia de cientos, de miles de mujeres que diariamente enfrentan situaciones de acoso en el transporte público. No podemos esperar a que ocurra una agresión para reaccionar; necesitamos prevenir y atender desde ahora. Mejorar la iluminación y eliminar condiciones que dificulten la visibilidad dentro de las unidades son acciones concretas que pueden contribuir a generar espacios más seguros”, señaló Argüelles Díaz.
La legisladora subrayó que estas medidas deben construirse con la participación de organizaciones especializadas y de quienes han acompañado directamente a las víctimas, tomando como referencia los Lineamientos para la Prevención y Atención del Acoso Sexual contra las Mujeres en el Transporte Público Colectivo. Destacó que escuchar estas experiencias permite diseñar políticas públicas que respondan a las condiciones reales que enfrentan las mujeres durante sus traslados.
Finalmente, mediante el punto de acuerdo, exhortó al Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría General de Gobierno, lleve a cabo las acciones necesarias para la publicación del Decreto 602/26 y coordine la elaboración del Protocolo Estatal de Actuación ante casos de abuso sexual en el transporte público, incorporando medidas de prevención y seguridad en las unidades, mecanismos de atención e información, así como acciones que permitan garantizar traslados más seguros para mujeres, niñas, niños y adolescentes.