EL COMÚN denominador de la toma de protesta del panista Marco Bonilla Mendoza como defensor estatal de la Familia, la Patria y la Libertad fue la irrupción, quizá no calculada por sus propios organizadores, en Ciudad Juárez. El acto terminó por convertirse en una demostración de fuerza que sorprendió incluso a quienes cubrieron periodísticamente el evento.
La mayoría de los reporteros observó con asombro cómo se llenaron las calles del Centro Histórico de la frontera. Desde las movilizaciones de 1983 y 1986, con Francisco Barrio y Francisco Villarreal, no se veía una concentración panista de esa magnitud en las calles juarenses. Tuvieron que pasar varias décadas para que el PAN volviera a mostrar semejante capacidad de convocatoria en una ciudad donde ya gobernó y donde ahora pretende recuperar terreno rumbo a la sucesión de 2027.
La vocación democrática de los juarenses se refleja en las sucesivas alternancias políticas. Ciudad Juárez ha sido gobernada por el PRI, después por el PAN, luego tuvo un alcalde independiente y, en los últimos trienios, ha quedado bajo el dominio de Morena. La historia electoral de la frontera demuestra que Juárez no tiene dueño, mucho menos una marca partidista registrada a perpetuidad, por más que la senadora con licencia Andrea Chávez haya calificado como una provocación la realización del evento de Bonilla en un municipio que, según su interpretación, le pertenece a Morena.
Las cifras de asistencia también dieron de qué hablar. Los reportes de Protección Civil municipal y estatal situaron la concurrencia entre 16 mil y 17 mil personas, mientras que desde el panismo se habló de 20 mil o más. Reporteros que cubrieron el acto calcularon entre 15 mil y 16 mil asistentes.
Por su parte, fuentes del equipo de logística del PAN reconocieron que alrededor de nueve mil eran juarenses, cinco mil llegaron de Chihuahua capital y otros dos mil procedían del resto del estado. Más allá de las diferencias, el dato político es que Bonilla logró movilizar a una multitud considerable en el principal bastión electoral de Morena en Chihuahua.
En los corrillos periodísticos surgió una comparación inevitable: ni Andrea Chávez ni Cruz Pérez Cuéllar han conseguido, hasta ahora, una convocatoria semejante en un solo acto político.
Como referencia, el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum en el Monumento a Juárez reunió alrededor de 10 mil simpatizantes provenientes de la frontera y de otros 37 municipios.
Ya como presidenta electa, Sheinbaum volvió a congregar una cantidad similar en el mismo sitio, acompañada por sus aliados del Partido Verde, el Partido del Trabajo, maestros de la Sección Octava y hasta la Sonora Ekándalo. Por eso, la movilización de Bonilla no fue un acto más del calendario panista: fue una irrupción política en un territorio que Morena considera suyo y que, de cara a 2027, podría dejar de ser tan inexpugnable como presume.
EL INSTITUTO Estatal Electoral (IEE) redujo de 23 a 10 el número de municipios contemplados en su propuesta de armonización de la paridad de género para la próxima elección estatal.
Sin embargo, el problema de fondo no está únicamente en la cantidad de municipios, sino en las atribuciones legales del organismo para impulsar una medida de esa naturaleza.
La legislación electoral establece reglas que no pueden modificarse por simple determinación administrativa. Si se pretende establecer nuevas disposiciones sobre la distribución de candidaturas por género y municipios, la ruta debe tener sustento legal y pasar por las instancias facultadas para legislar, no convertirse en una decisión unilateral del árbitro electoral.
El IEE organiza los comicios y garantiza su desarrollo conforme a la ley, pero eso no significa que pueda asumir facultades legislativas que no le corresponden.
Además, el organismo dejó más dudas que certezas al plantear inicialmente una reserva de 23 municipios para mujeres y después reducirla a 10, sin que el cambio, por sí mismo, explique con claridad cuáles fueron los criterios técnicos y jurídicos que justificaron la modificación.
La paridad de género es un principio constitucional que debe garantizarse, pero su cumplimiento no puede convertirse en argumento para improvisar reglas ni para generar incertidumbre entre los partidos políticos.
Y quizá lo más delicado es que el Instituto pretenda determinar cuáles municipios deberán reservarse para candidaturas femeninas, entre ellos Delicias y Cuauhtémoc. Una cosa es garantizar la paridad y otra muy distinta decidir desde el órgano electoral cómo deben distribuirse las candidaturas partidistas.
Los partidos tienen obligaciones legales en materia de igualdad y deben cumplirlas, pero las reglas deben estar previamente establecidas y contar con fundamento jurídico. El IEE necesita explicar de dónde salen sus atribuciones, cuáles son sus criterios y por qué cambió de 23 a 10 municipios. En una elección que ya comienza a calentarse rumbo a 2027, el árbitro debe ofrecer certeza, no convertirse en parte de la controversia.
LA SENADORA de Morena con licencia y ahora defensora de la Cuarta Transformación en Ciudad Juárez, Andrea Chávez, mantiene una confrontación cada vez más evidente con Cruz Pérez Cuéllar, designado defensor estatal de la 4T y perfil encaminado a buscar la gubernatura. La legisladora no termina de reconocerlo como tal y mucho menos le ha levantado la mano, una señal de que la herida por la designación sigue abierta.
La pugna comenzó hace aproximadamente dos semanas, cuando la dirigencia morenista se inclinó por Pérez Cuéllar y dejó fuera a la senadora juarense de la contienda por la coordinación estatal. Desde entonces, las diferencias han ido creciendo, aunque públicamente ambos intenten evitar que la disputa se convierta en una ruptura formal.
En una rueda de prensa, al ser cuestionada sobre su experiencia, Andrea lanzó varios dardos contra el defensor estatal. Sin mencionar directamente su nombre, sostuvo que no se necesita experiencia para ser corrupto, cambiar de partido en partido, perseguir intereses personales o abandonar responsabilidades. No fue un comentario en privado ni una conversación entre compañeros de partido: lo dijo ante los medios de comunicación, con la dirigente estatal de Morena, Brigitte Granados, sentada a su lado y asintiendo mientras la senadora soltaba sus críticas.
El episodio exhibió una fractura que Morena no ha conseguido cerrar. La distancia entre Andrea y Cruz parece ampliarse con cada declaración, y la disputa por los espacios de poder rumbo a 2027 comienza a pesar más que el discurso de unidad que suele acompañar a las designaciones partidistas. La senadora busca proyectarse como un perfil limpio, sin cuestionamientos y sin acusaciones en su contra, pero en política las declaraciones también tienen memoria.
Porque, cuando se pretende repartir certificados de honestidad, conviene recordar que nadie está exento del escrutinio público. En el caso de Andrea Chávez, siguen bajo discusión política y mediática los gastos relacionados con su campaña anticipada, las versiones sobre el uso de ambulancias y servicios médicos, así como su cercanía con el cuestionado senador Adán Augusto López.
Son asuntos que requieren explicaciones y sustento, no descalificaciones cruzadas. Si la senadora quiere presentarse como una alternativa sin manchas, tendrá que entender que la transparencia no se proclama en una rueda de prensa: se demuestra con hechos.