EL IMSS se ha convertido en una institución donde la falta de atención oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Decenas de personas mueren diariamente en el país sin recibir la atención médica que necesitan, ya sea por la saturación de los servicios, la falta de personal, el desabasto de medicamentos o las interminables listas de espera.
Alguien debería responder por las consecuencias de este deterioro, pero, sobre todo, alguien tendría que hacer algo para recuperar las condiciones de una institución que durante décadas fue orgullo del sistema de salud mexicano y esperanza para millones de trabajadores y sus familias.
El Instituto Mexicano del Seguro Social nació como una de las grandes instituciones del país, con prestigio y una responsabilidad fundamental: proteger la salud de quienes sostienen la economía nacional.
Sin embargo, durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, las quejas por el deterioro de sus servicios se han multiplicado. Hoy los trabajadores y los patrones aportan más recursos, pero los pacientes siguen encontrando hospitales saturados, falta de médicos y carencias elementales.
¿Dónde quedan los miles de millones de pesos que ingresan a las arcas del Instituto? Es una pregunta que exige transparencia, cuentas claras y respuestas, no discursos para salir del paso.
Ayer, trabajadores sindicalizados volvieron a tomar las calles en distintas partes del país, y Chihuahua no fue la excepción. Exigen mejores condiciones laborales, contratación de personal, incrementos salariales y, particularmente, atención a las carencias que enfrentan todos los días.
Denuncian falta de instrumental, material médico, camillas, camas y sillas de ruedas, además del desabasto de medicamentos, las dificultades para conseguir citas con especialistas y los retrasos en intervenciones quirúrgicas.
Lo más preocupante es que la presidenta Claudia Sheinbaum parece no dimensionar la gravedad del problema, mientras las quejas de pacientes y trabajadores siguen acumulándose.
Decir que no pasa nada cuando los propios usuarios padecen las deficiencias no resuelve la crisis; al contrario, la hace más evidente. Porque si desde el Gobierno federal no reconocen el problema, difícilmente podrán corregirlo.
EL FORO de Periodistas de Chihuahua salió en defensa de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a la información, luego de la agresión y detención del periodista Ricardo Perea, quien realizaba una cobertura durante el concierto de Alejandro Fernández en la Plaza del Ángel.
De acuerdo con los hechos denunciados, un agente municipal le pidió que dejara de tomar fotografías o video de una mujer que se había desvanecido. Pese a identificarse como periodista y explicar la naturaleza de su trabajo, Perea terminó esposado y en el suelo, sometido por tres agentes y trasladado primero al centro de mando instalado a un costado de la plaza y después a la Comandancia Sur, donde permaneció alrededor de cuatro horas, hasta que una jueza cívica ordenó su liberación.
El episodio amerita una investigación seria, porque la autoridad no puede convertir una cobertura periodística en motivo de arresto ni utilizar la fuerza para impedir el trabajo de un reportero.
Si existía alguna razón legal para intervenir, tendrá que acreditarse; si hubo abuso de autoridad, también deberá establecerse y sancionarse conforme a derecho.
El Foro de Periodistas exigió garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, una demanda que no tendría por qué generar controversia en una sociedad democrática. Los policías tienen la obligación de preservar el orden y atender emergencias, pero eso no significa que puedan decidir arbitrariamente qué puede documentarse y qué no.
POR LO PRONTO, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional se prepara para dar a conocer, durante la última semana de octubre, la convocatoria con las reglas y los tiempos para seleccionar a sus candidatos o defensores en los municipios de Chihuahua.
Hasta ahora, el método que se perfila es el de las encuestas, aunque falta conocer qué se medirá, cómo se ponderará el conocimiento público de los aspirantes y qué otros factores entrarán en la evaluación.
Porque una cosa es preguntar quién es más conocido y otra muy distinta establecer quién cuenta con respaldo ciudadano, estructura territorial y capacidad para competir. Si el PAN quiere presumir un proceso abierto, tendrá que explicar las reglas antes de levantar la primera encuesta.
En Ciudad Juárez, el escenario parece menos complicado, pues la dirigente estatal, Daniela Álvarez, aparece entre los perfiles que se mencionan para la contienda municipal.
Sin embargo, en la capital del estado el asunto tiene más aristas: de los ocho aspirantes que se habían mencionado, dos ya declinaron y quedan seis nombres en la competencia.
La pregunta es si habrá un primer filtro para reducir la lista a tres perfiles y después realizar una nueva ronda de mediciones, o si la dirigencia optará por una decisión directa.
También está por verse si las encuestas serán un mecanismo efectivo para conocer las preferencias o simplemente un instrumento para justificar una determinación tomada de antemano.