LAS VOCES autorizadas del PAN tardaron en salir a fijar una postura sobre el caso del exfiscal César Jáuregui Moreno. Parecía que entre los panistas prevalecía la confusión o, de plano, que estaban esperando a que hablara primero la jefa política del estado.
Y así fue: ayer lunes, al mediodía, la gobernadora María Eugenia Campos Galván publicó un video en el que dejó en claro que la investigación contra el exfiscal corresponde a presuntos delitos del fuero común y que en Chihuahua ningún servidor público está por encima de la ley.
El mensaje fue contundente, pero llegó después de varios días de especulaciones, silencios y lecturas políticas que terminaron por exhibir la incertidumbre que se vive en las filas panistas.
Jáuregui, como se dice coloquialmente, ya había librado una primera batalla en el ámbito estatal, luego de que un juez le retirara la prisión preventiva y le permitiera continuar su proceso en libertad, bajo determinadas medidas cautelares.
Hubo quienes atribuyeron esa resolución a una supuesta intervención de la gobernadora, bajo la hipótesis de que se buscaba evitar que el exfiscal terminara en el Altiplano, como finalmente ocurrió tras su detención por autoridades federales.
Desde luego, son versiones que se mueven en el terreno de la especulación, tanto como aquella que sostiene que Maru habría traicionado a su antiguo colaborador para entregarlo a la Fiscalía General de la República.
Lo cierto es que el caso se ha convertido en un auténtico campo minado político: unos aplauden que se aplique la ley, mientras otros consideran que el arresto busca descarrilar las aspiraciones políticas de Jáuregui.
Lo verdaderamente delicado es la acusación federal de traición a la patria, cuya viabilidad jurídica tendrá que determinarse en los tribunales y no en el debate político.
No basta con invocar la soberanía nacional y las intervenciones extranjeras para sostener una imputación de esa naturaleza; deberán acreditarse los elementos del delito.
Ese discurso, sin embargo, resulta útil en el contexto de los desencuentros con el presidente estadounidense Donald Trump, donde la defensa de la soberanía se ha convertido en una bandera recurrente del gobierno mexicano. A ello se suma que la presidenta Claudia Sheinbaum ya adelantó, desde la mañanera, que el exfiscal habría cometido varios delitos y que existen otras carpetas de investigación en su contra, aunque no precisó cuáles. Cuando desde el poder se anticipan conclusiones sobre la responsabilidad penal de una persona, se abre un debate serio sobre la presunción de inocencia y el debido proceso.
En el Altiplano, a disposición de un juez federal y bajo la lupa de la FGR, Jáuregui enfrenta un escenario complicado, en el que su defensa tendrá que responder a las acusaciones con argumentos jurídicos y pruebas.
EN LO POLÍTICO, el exfiscal conserva sus derechos políticos mientras no exista una resolución que legalmente los suspenda. Ahí está el antecedente de la propia Maru Campos, quien enfrentó un proceso judicial cuando era candidata y, aun así, compitió y ganó la elección.
Hace unos días, Santiago Taboada, secretario de Acción Política del PAN, sostuvo en Chihuahua que una aspiración no tendría por qué descartarse automáticamente por una investigación, pues una sentencia firme puede tardar años. Sin embargo, una cosa es conservar los derechos políticos y otra muy distinta tener condiciones reales para competir.
El activismo de Jáuregui está prácticamente paralizado y sus posibilidades de alcanzar la candidatura panista a la alcaldía de Chihuahua se ven hoy seriamente comprometidas. Por eso, la gobernadora, la dirigencia estatal del PAN y Marco Bonilla tendrán que encontrar la manera de superar una crisis que amenaza con convertirse en un lastre para el partido rumbo a 2027.
EN MORENA ya comenzaron a acomodarse las piezas para la elección de la capital. Tres aspirantes se registraron para buscar la llamada defensoría municipal de la Cuarta Transformación, aunque todavía habrá que ver si la lista queda así o aparecen nuevos interesados.
El primero es el profesor Martín Chaparro, quien después de quedar fuera de la contienda por la coordinación estatal busca una revancha en el ámbito municipal. Sus posibilidades, sin embargo, no parecen particularmente favorables frente a otros perfiles que ya tienen mayor posicionamiento y relaciones políticas.
La diputada local Brenda Ríos también levantó la mano y llega con posibilidades nada despreciables. No solamente por el respaldo que puede representar su desempeño en las encuestas, sino también por sus vínculos con actores del ámbito nacional, un factor que en Morena suele pesar tanto como los números que se presumen públicamente.
El tercer registrado es el empresario ferretero Sahir Rentería, de reciente incorporación al partido y cercano al proyecto de Cruz Pérez Cuéllar, con quien ha hecho equipo, aunque antes también coqueteó con el PRI y el PAN.
En Morena, las lealtades suelen medirse según la oportunidad política del momento, de modo que habrá que ver quién logra mantenerse en la contienda cuando llegue la hora de las definiciones. Por ahora son tres los anotados, pero la disputa por la capital apenas comienza y todavía falta saber de qué cuero salen más correas.