EL PERIODISMO de investigación y la política mexicana vuelven a cruzarse en un terreno bastante delicado, luego de que el periodista Héctor de Mauleón publicara en El Universal una columna en la que señala a Ariadna Montiel, actual presidenta nacional de Morena, de presuntamente haberse reunido con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo con lo expuesto por el columnista, un informe de agencias federales de seguridad habría documentado un encuentro ocurrido a principios de 2024 en la región de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde supuestamente se negoció la intervención del grupo criminal de Los Salgueiro en el proceso electoral para movilizar votos a favor de los candidatos del partido oficialista.
La acusación es de enorme gravedad, pues apunta directamente a una posible relación entre la operación política de Morena y grupos del crimen organizado.
Según la versión publicada por De Mauleón, el presunto acuerdo habría contemplado, a cambio del respaldo electoral, ceder el control territorial e institucional de la Sierra Tarahumara a la organización delictiva. El periodista sostiene que los hechos estarían asentados en bitácoras e informes reservados de instancias federales de inteligencia, y que las fechas coincidirían con los movimientos políticos realizados en el norte del país.
Ariadna Montiel respondió mediante un comunicado en redes sociales, donde negó categóricamente haberse reunido con criminales o haber pactado con ellos. También defendió su trayectoria, aseguró que sus bienes y actividades financieras están transparentados y exigió que se presenten pruebas ante las autoridades.
De Mauleón, por su parte, ratificó su investigación. Por ahora, se trata de señalamientos y desmentidos que deben distinguirse de hechos judicialmente acreditados; sin embargo, por la dimensión de lo denunciado, la exigencia de aclaraciones no puede despacharse con un simple intercambio de declaraciones.
Si existen documentos oficiales, corresponde que se conozcan y se investiguen por las vías legales, porque la presunta intromisión criminal en las elecciones sería un asunto demasiado serio para convertirlo únicamente en una disputa política.
UN NÚMERO importante de transportistas estranguló parcialmente las carreteras de Chihuahua como parte de una movilización nacional para exigir seguridad, mejores condiciones de las vías terrestres y el fin de las extorsiones que, según denuncian, padecen tanto por parte de grupos delictivos como de elementos de corporaciones que deberían protegerlos.
El paro se extendió a 24 estados de la República, con bloqueos totales en algunos puntos, mientras que en Chihuahua los inconformes optaron por reducir la circulación en determinados tramos y permitir el paso de los automovilistas. La protesta vuelve a exhibir el tamaño del problema que enfrenta el transporte de carga en el país, un sector indispensable para la economía que lleva tiempo reclamando garantías para trabajar sin jugarse la vida en cada recorrido.
Los propietarios de las unidades y los choferes denunciaron prácticas de extorsión atribuidas a elementos de la Guardia Nacional y a grupos criminales, particularmente en rutas que conectan Zacatecas con el centro del país.
Pero el problema no se limita a las cuotas ilegales: también están los robos de mercancías, el despojo de vehículos y los asesinatos de operadores, hechos que mantienen bajo presión a una actividad fundamental para el abasto y la distribución de productos.
Mientras tanto, la respuesta de las autoridades federales sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de las denuncias, y los transportistas terminan recurriendo a los bloqueos para hacerse escuchar.
En Chihuahua, las afectaciones se registraron en la carretera Panamericana, en los tramos Sacramento-Sueco y Villa Ahumada-Juárez, así como en la vía Jiménez-Durango. Los cierres fueron parciales, bajo el argumento de que las incidencias denunciadas no se presentan con la misma frecuencia en la entidad.
EL EXFISCAL general del Estado, César Jáuregui Moreno, decidió romper el silencio desde el penal federal del Altiplano y lanzó un llamado a la dirigencia nacional del PAN para que intervenga en defensa del debido proceso y de la presunción de inocencia.
En una carta difundida este lunes 26 de octubre, pidió a senadores, diputados federales, dirigentes y militantes panistas que se pronuncien sobre los procedimientos judiciales que enfrenta, al tiempo que manifestó su inconformidad con las recientes declaraciones de la gobernadora Maru Campos.
Jáuregui asegura que no busca impunidad ni un trato privilegiado, sino que se respeten sus derechos y que las investigaciones se conduzcan conforme a la ley. El mensaje también representa una petición de respaldo político en un momento en que su situación judicial ya se convirtió en un asunto incómodo para el panismo chihuahuense.
Pero lo más significativo de la carta es el distanciamiento que el exfiscal hizo público respecto de Maru Campos. Recordó que, cuando la gobernadora enfrentó cuestionamientos políticos relacionados con este mismo caso, él salió a respaldarla, participó en manifestaciones de apoyo y la defendió públicamente.