VAYA revuelo que causó el arresto en El Paso, Texas, de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte Jáquez.
Inicialmente se dijo que la aprehensión era para fines de extradición, pero lo cierto es que no se conoce la existencia de alguna ficha internacional que permita su captura vía Interpol por algún aparente delito.
Aunque también se sabe que enfrenta un proceso penal en suspensión, derivado de un amparo generado y ratificado desde el 2020, es decir, durante el gobierno estatal de Javier Corral Jurado.
Ese supuesto apuntaba a una triangulación de dinero entre Duarte y el DIF estatal, lo que podría configurar incluso un delito federal si se le asocia con lavado de dinero, como ocurrió recientemente con el propio Duarte, detenido por la Fiscalía General de la República.
En esa circunstancia, la esposa del exgobernador sí habría sido detenida para un tema de extradición o de entrega a la autoridad estatal o federal, lo que puede ocurrir siempre y cuando exista una solicitud formal.
Por lo pronto, según los abogados que llevan los asuntos de la familia Duarte en Estados Unidos, el arresto fue realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), quienes atienden temas estrictamente migratorios.
La versión de la defensa apunta a que la señora fue detenida en la vía pública al no poder comprobar su ingreso y estancia legal en Estados Unidos, específicamente en El Paso, donde ha residido desde hace 10 años.
Explicado de otra manera, Berthita -como se le conoce en Chihuahua- no portaba sus documentos migratorios, por lo que podría ser deportada de Estados Unidos.
La señora se encuentra en un proceso de residencia permanente, bajo el criterio de que sus hijos nacieron en el vecino país del norte.
Hasta este día no se conoce si Bertha Gómez logró acreditar su trámite vigente y fue puesta en libertad, si le fue cancelado o, en el peor de los casos, si fue entregada a alguna autoridad mexicana.
EL PRIISTA Ricardo Santana asumió ayer la dirección del Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua, en sustitución de Óscar Derma, también de sangre tricolor.
Derma llegó a la administración municipal panista por un acuerdo entre PRI y PAN, derivado de la reciente alianza electoral entre ambos partidos.
Es decir, la posición pertenecía al PRI por dicho acuerdo, aunque en el círculo rojo capitalino se pensaba que sería otra posición para ese partido, en aras de construir una nueva alianza rumbo al 2027.
Derma se integra a una secretaría del Comité Directivo Estatal del PRI, donde es requerido, y Santana -cosa de las casualidades- llega al CUM; un operador territorial nato que se suma a la administración municipal de Marco Bonilla.
Entonces, la cuestión va -sin querer queriendo construyendo una alianza de facto o de jure entre PRI y PAN rumbo al 2027, donde, se acepte o no, Bonilla sigue sumando a su proyecto por la gubernatura, mientras al risueño PRI le empiezan a picar las costillas.
PARA LA diputada de Morena, Rosana Díaz, el panorama comienza a aclararse después de haber sido objeto de violencia política de género por parte de su coordinador de bancada, Cuauhtémoc Estrada, y de hecho por integrantes de su propio grupo parlamentario.
El coordinador ya fue denunciado ante la Fiscalía de la Mujer y otras instancias; la legisladora, desde diciembre, ha sido blanco de una campaña de linchamiento interno dentro de Morena.
Desde que se ausentó en la votación para aprobar el presupuesto estatal, junto con otras diputadas de Morena y una del PT, ha sido relegada, excluida y atacada incluso por el exdiputado Óscar Castrejón, señalado y exhibido en las manifestaciones del 8M.
Ahora, la legisladora, que ya recibió invitaciones de las bancadas del PAN, Verde y PT para integrarse a alguna fracción, tiene la mirada puesta en el Verde, que de ecologista, por lo menos hasta ahora, tiene poco.
