POR CUARTO día consecutivo, Vicky Márquez, exlideresa de colonia, junto con un reducido grupo de acompañantes, mantiene el bloqueo del centro de la capital, generando un creciente malestar entre los ciudadanos que, por cientos de miles, cruzan, transitan o acuden a esta zona por diversas razones.
Y no es para menos: sobre las avenidas Aldama, Juárez y Venustiano Carranza es prácticamente imposible transitar. Los accesos al primer cuadro de la ciudad se encuentran cerrados varias cuadras antes, en los cuatro puntos cardinales.
El caos es total. Miles de ciudadanos -incluidos trabajadores del Gobierno del Estado, el Congreso y el Municipio– se ven obligados a sortear obstáculos para cumplir con sus actividades laborales.
El impacto ya es evidente en el comercio, los restaurantes y el turismo, sectores que registran pérdidas ante bloqueos que, en muchos casos, ni siquiera tienen una demanda clara. Un día exigen servicio de agua, otro buscan dialogar con el fiscal, luego reclaman alumbrado público, transporte o salud.
Es decir, ni siquiera existe claridad -o voluntad de tenerla- sobre las competencias: servicios como limpia, seguridad y alumbrado público corresponden al Municipio, no al Estado.
Lo más delicado es que, aun bajo el legítimo derecho a la manifestación, un grupo reducido afecta a cientos de miles de chihuahuenses que también tienen derechos.
A esto se suman las pérdidas económicas en el sector comercial y hotelero, que continúan escalando.
Desde Palacio de Gobierno se ha señalado que detrás de estas micromanifestaciones existen intereses políticos. Hay indicios de ello, pero la pregunta de fondo es otra: ¿quién las financia?. Las miradas apuntan hacia algún personaje vinculado a Morena.
¿Hasta cuándo continuará esta situación? Cuatro personas pueden afectar directa o indirectamente a más de un millón de capitalinos… hasta que se los permitan.
EL FISCAL general del estado, César Jáuregui Moreno, aclaró que cualquier procedimiento relacionado con la posible extradición de Bertha Gómez corresponde exclusivamente a instancias federales, debido a su carácter internacional.
El caso se vuelve más complejo precisamente por ello: este tipo de trámites son responsabilidad de la Fiscalía General de la República, al tratarse de gestiones entre gobiernos de distintos países, por lo que la autoridad estatal no tiene injerencia directa.
Jáuregui detalló que la Fiscalía de Chihuahua únicamente participa cuando se le requiere información, particularmente sobre la existencia de procesos legales en la entidad.
“Nosotros únicamente informamos si la señora tenía algún proceso en Chihuahua”, precisó.
En cuanto a interpretaciones o posicionamientos jurídicos, el fiscal subrayó que estos temas deben resolverse en instancias judiciales, no en el terreno mediático.
POR CIERTO que el fiscal César Jáuregui Moreno parece haber entrado ya en modo campaña. Luego de varios meses de mesura, prudencia y bajo perfil, comienza a mostrar señales más visibles de su interés por contender por la alcaldía de Chihuahua.
Si bien ya había activado presencia en redes sociales y algunas bardas, ahora aparece en una entrevista a modo, con portada incluida y una narrativa centrada en sus logros.
Se trata de esos medios impresos emergentes que suelen circular en el supuesto masivamente, como ha ocurrido con publicaciones vinculadas a la senadora Andrea Chávez.
Nada nuevo: son las mismas estrategias de promoción anticipada que frecuentemente se critican e incluso se denuncian ante la autoridad electoral, aunque rara vez se sancionan.
Lo relevante es que ahora las adoptan personajes que, hasta hace poco, se mostraban cautelosos… pero con aspiraciones claras.
