LA CAMISIÓN Especial del Congreso del Estado que analiza el caso de Pensiones Civiles del Estado (PCE) trabaja en una iniciativa que plantea sancionar con hasta nueve años de cárcel a los responsables de instituciones que omitan el pago de las cuotas de trabajadores y patronales.
La propuesta busca cerrar la puerta a los evasores de cuotas, sin pretextos ni excepciones, como ocurrió en su momento con la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, entre otras. En esos casos, las instituciones descontaban las aportaciones de los derechohabientes, pero omitían transferirlas, junto con la parte patronal, a Pensiones Civiles.
Esa mala práctica se agudizó durante el quinquenio fallido del exgobernador Javier Corral Jurado, quien retuvo recursos que no correspondían al Gobierno del Estado y no los transfirió a Pensiones Civiles. El resultado fue un boquete financiero cercano a los siete mil millones de pesos, que si bien se ha intentado subsanar, aún representa un daño importante.
El desfalco se ha reflejado durante años en la falta de medicamentos, carencia de instrumental médico, retrasos en citas -sobre todo en las raquíticas especialidades”-, y pagos demorados a hospitales subrogados.
Un daño profundo que desterró y destronó a una de las instituciones más prestigiadas al servicio del Estado, el magisterio y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Eran otros años… los dorados.
La iniciativa busca endurecer las penas para quienes dejen de aportar o desvíen las cuotas de los trabajadores y las patronales, recursos que deberían estar etiquetados exclusivamente para la institución. No hay que olvidar que el patrón es el propio Gobierno del Estado, y a la vez, el administrador de Pensiones Civiles.
La reforma, promovida por el diputado Óscar Avitia Arellanes, será turnada a las comisiones de Hacienda y Salud.
UN NUEVO brote múltiple de violencia se registró al cierre de la semana en los municipios de Guadalupe y Calvo, Guachochi y Nonoava. En esas regiones hubo enfrentamientos entre grupos antagónicos y policías estatales, con reportes de vehículos incendiados y decomisos de armas.
Apenas hace una semana, policías estatales fueron emboscados en Moris: tres murieron, tres más resultaron heridos y tres continúan desaparecidos. La reacción oficial fue rápida y se logró detener a nueve presuntos integrantes del crimen organizado, ya vinculados a proceso.
Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿por qué en Moris sí hubo respuesta y en el resto no? Se supone que las autoridades saben quiénes son los generadores de violencia, pero en Guachochi y Guadalupe y Calvo los actos violentos son constantes desde hace casi 20 años, sin que la anhelada paz logre llegar, pese a las tecnología y la supuesta coordinación interinstitucional.
CUANDO el ocio se impone, algunos se vuelven creativos… pero para generar ocurrencias. Proponer una iniciativa para establecer el “Día del Tianguista” con el argumento de reconocer su esfuerzo familiar y su aportación económica, suena bien, pero solo eso.
Un día para el tianguista es válido, sí, pero entonces también debería haber un día para el yesero, el paletero, el panadero, el pisero, el servidor público o el guía de turistas. Todos, a su manera, aportan a la economía y realizan un esfuerzo cotidiano.
La diputada panista Nancy “La China” Frías propone que el 14 de noviembre se celebre el Día del Tianguista. Una propuesta sin sustento real, más electorera que social, que poco aporta a quienes, más que un reconocimiento simbólico, necesitan vender más cada fin de semana.
Tener un día está bien… pero solo si viene acompañado de algo más que una foto y una felicitación en redes sociales.
