De acuerdo con el organismo, durante un análisis minucioso del cruce de información sobre la ejecución de proyectos financiados tanto por FICOSEC como por otros donantes, se identificó el pago duplicado de 372 facturas por el mismo concepto, atribuibles a la Red de Cohesión y Participación Social, A.C. Las facturas, según detalla el fideicomiso, presentaban coincidencias en folio fiscal, RFC y concepto, y habrían sido utilizadas en hasta tres proyectos distintos entre noviembre de 2024 y julio de 2025.
Las facturas señaladas corresponden principalmente al pago de honorarios de personal externo y de integrantes de la propia organización, algunos de los cuales recibían remuneraciones simultáneas por contratos de tiempo parcial y de tiempo completo.
Ante la detección de estas anomalías, FICOSEC sostuvo reuniones con personal administrativo, la dirección y la presidencia del consejo directivo de la asociación con el fin de solicitar comprobantes, asientos contables y aclaraciones que permitieran verificar la duplicidad de cobros. Sin embargo, al no obtener respuestas satisfactorias, el Comité Técnico del Fideicomiso solicitó un informe detallado que incluyera:
-Un reconocimiento formal de los pagos duplicados.
-La cuantificación total del monto cobrado indebidamente, incluyendo posibles irregularidades de años anteriores.
-Un plan inmediato para resarcir los recursos.
-La identificación del personal involucrado y las acciones correctivas correspondientes.
Al no recibir la información requerida, el Comité Técnico determinó presentar la denuncia formal por el posible delito de fraude, además de acudir a la ASE, al tratarse de recursos públicos derivados de la sobretasa al Impuesto Sobre Nómina (ISN) aportado por el sector empresarial y recaudado por la Secretaría de Hacienda estatal.
FICOSEC afirmó que estas acciones se realizan en estricto cumplimiento de su responsabilidad fiduciaria y con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de los recursos destinados a proyectos en materia de prevención, seguridad, justicia, salud, educación y desarrollo humano.
El fideicomiso reiteró que serán las autoridades competentes quienes determinen las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
