LA LLEGADA de Marx Arriaga a Ciudad Juárez terminó convertida en escena de confrontación política. En el Aeropuerto Internacional, Abraham González, lo esperaban rechiflas, pancartas y acusaciones de corrupción y traición a la presidenta.
Morena y algunos panistas coincidieron, por distintos motivos, en el repudio. El exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública tuvo que salir semiescoltado, en medio de una protesta que evidenció que su nombre no es neutro en Chihuahua.
Detrás del episodio está un dato relevante: Arriaga posee una plaza de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Podría retomar la cátedra si cancela su licencia, pero la decisión dependerá exclusivamente de la institución.
El debate ya no es académico sino político: ¿puede la universidad abstraerse del contexto cuando el personaje en cuestión simboliza la polémica de los libros de texto de la llamada Nueva Escuela Mexicana?
La gobernadora María Eugenia Campos Galván intervino con preguntas que sonaron más a posicionamiento que a curiosidad: qué hace Arriaga en Juárez y qué tipo de clases podría impartir.
El mensaje fue claro. En el tablero estatal, el exfuncionario representa un proyecto ideológico adversario. Y en política, los símbolos pesan tanto como las decisiones administrativas.
Por eso cualquier determinación de la UACJ requerirá cuidado institucional. Cancelar o mantener un tiempo completo implica fundamentos jurídicos, no filias partidistas.
Un movimiento precipitado podría detonar un conflicto mayor, sobre todo cuando el propio Arriaga ha tenido antecedentes de retórica incendiaria. En escenarios polarizados, las formas importan tanto como el fondo.
EL ALCALDE de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar encontró en la caída de un vidrio de la Torre Centinela el argumento perfecto para reforzar su crítica contra la obra.
Canceló sin atribuciones reuniones en el lugar y reiteró su descalificación al proyecto, al que ha llamado “cascarón de fierro”.
La reacción pareció desproporcionada si se considera que el incidente no pasó a mayores, pero políticamente resultó funcional y fruto apetecible.
La Torre Centinela es emblema del gobierno estatal; cuestionarla es también marcar distancia rumbo a 2027. En esa lógica, cada incidente suma en la narrativa de contraste.
Lo que hoy parece un desacuerdo técnico puede convertirse mañana en bandera electoral. Pero en contraparte, podría significar que Pérez Cuéllar no alcance la candidatura al gobierno del Estado, por reglas internas de Morena o porque MR.Trump, le pida a Claudia que no sea.
EN EL CONGRESO local continúan los desacuerdos para designar a la próxima presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua.
Hay terna, hay plazo hasta junio, pero no hay consenso. Morena impulsa a una aspirante; el PAN a otra. El resultado es parálisis legislativa.
La historia se repite: los partidos tensan la cuerda hasta el límite, calculan costos y estiran los tiempos. A la panista Georgina Bujanda le faltó un voto y seguimos en el proceso.
Si la decisión se pospone o se hereda a la siguiente legislatura, el discurso seguirá intacto. Las acusaciones de traición por si las diputadas de Morena y PT, se desaparecen al momento de la votación, volarán de un lado a otro, pero el fondo será el mismo: control político antes que acuerdos institucionales.
Si no hay consenso o acuerdos… hay le seguimos hasta otra legislatura, Morena es radical en lo local, pero imperante en lo nacional.
