De la REDACCIÓN
CHIHUAHUA CHIH.- La explosión registrada la madrugada del sábado 7 de marzo en una planta de gas en el municipio de Aldama obligó a evacuar a más de 400 habitantes de los fraccionamientos Los Álamos y Leones, situación que reavivó las denuncias que vecinos habían presentado meses atrás por los riesgos que representaba la operación del establecimiento.
De acuerdo con testimonios de residentes del sector, desde 2025 se había advertido públicamente sobre la operación de una planta de distribución de gas LP ubicada en la avenida Las Torres, a espaldas del fraccionamiento Los Álamos.
Los denunciantes señalaban presuntas irregularidades en el funcionamiento del sitio, donde aparentemente operaban pipas vinculadas a la empresa Deligas, mientras que el permiso de operación correspondería a otra marca comercial.
El líder vecinal Josué Carlos Westrup Corral presentó oficios y denuncias ante diversas instancias federales y estatales, solicitando verificar si la estación contaba con permisos, licencias y protocolos de seguridad, así como revisar la legalidad de la distribución de gas LP en el lugar.
Las denuncias fueron dirigidas a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y a la entonces Comisión Nacional de Energía de México, señalando que la planta podría estar operando sin los permisos correspondientes y almacenando entre ocho y diez pipas que realizaban maniobras cerca de zonas habitacionales.
En respuesta a una de las denuncias, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó en diciembre de 2025 que las inspecciones en ese tipo de establecimientos corresponden a la autoridad municipal, en este caso a la Coordinación Municipal de Protección Civil de Aldama, instancia que habría indicado que no existía un establecimiento registrado con esa razón social.
Vecinos del sector afirmaron que, pese a las advertencias y solicitudes de inspección, la planta continuó operando, por lo que consideran que el incidente ocurrido este fin de semana confirma los riesgos que habían señalado desde meses atrás.
Tras la explosión, habitantes del área reiteraron su exigencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que investiguen las condiciones de operación de la planta y determinen si contaba con las autorizaciones y medidas de seguridad correspondientes, así como para deslindar responsabilidades por los hechos.
