TODO pare indicar que a la diputada corralista Blanca Gámez Gutiérrez, no le va alcanzar para reducir de cinco a tres, los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), por un error de forma que se convirtió en fondo.
La diputada quien es la presidenta de la Comisión de Transparencia supuso que con sólo presentar la iniciativa en el pleno sería suficiente, con el apoyo de su fracción panista, con el Visto Bueno y “sugerencia” de Palacio, pero pasó por alto que se requiere una reforma constitucional, pues se tiene que modificar la Ley de Transparencia, lo que no se puede realizar desde su comisión.
Error de primaria dirían los estudiantes de derechos, motivados por la presión de Palacio de Gobierno o en su caso su fobia en contra del Instituto. El caso es que el yerro puede llevar la iniciativa anti-transparencia a la sepultura o mínimo esperar otros siete años más cuando se renuevan los comisionados, dependiendo claro de cuándo fueron electos.
Desde luego que existen parches o artículos transitorios, que puedan justificar la no publicación de la convocatoria lo que debió en tiempo y continuar con la propuesta original de Blanquita, tiempo hay pues las comisionadas salientes, culminar el 31 de diciembre.
La cosa en todo caso es, buscar una salida, de esas que los abogados llaman legaloides, para cumplir el encargo que le hicieron a la diputada, pues cualquier ciudadano interesado, echa para atrás, vía amparo esta aberración y violación constitucional, la que quisieron hacer pasar como “bobita” ante el Pleno del Congreso.
Tal vez lo más delicado para la legisladora corralista, más no panista, es que su error o descuido, ya lo registraron en Palacio de Gobierno y todos sabemos que el ciudadano, no solamente no perdona, sino suele cobrárselas, si no que le pregunten a Miguel Latorre, a quien un asuntito similar (el de Nachito y la Auditoría Superior), le costó perder la coordinación de la Fracción del PAN en el Congreso.
CONOCIENDO al Pony, Roberto Lara, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, algún organismo de esas que auditan, las de anticorrupción, transparencia y demás que ahora están de moda en el gobierno de Corral, y que sirven para engrasar la burocracia con sueldos de envidia, debería de echarle un ojo a la cobranza privada que realiza la JMAS.
Resulta que desde hace unas semanas, los deudores del servicio del agua están siendo visitados por persona de un Despacho de Recuperación de la Cartera denominado AGC, quien notifica a usuario moroso y le advierte que se “iniciará con la suspensión del servicio”.
Bien pensando suponemos que la descentralizada tiene una gran cartera de morosos y que ha contrato un despacho interno de cobranza, en donde se le da un ultimato de “corte” en su amable y media piratona notificación.
No se sabe si este despacho este facultado para notificar y menos para cortar el servicio de agua, lo que ya sabemos es anticonstitucional, como tampoco se conoce si cada diez minutos van a estar marcando al moroso, más las madrugadas de sábados y domingos, como lo hace los bancos, tiendas departamentales, y la telefonía celular, lo que también está prohibido.
Empero para nuestro tema, El Pony, quien para los bisnes es muy bueno y ya lo demostró cuando era director de Atención Ciudadana en la panista de administración Juan Blanco, debería mínimo informar que contrató un despacho de cobranza.
Luego transparentar si fue por licitación o se la aventó por sus pistolas, pero también cuanto se le paga a AGC, quien es el propietario y bajo que argumento jurídico o atribución se realizó el contrato, bueno si es que existe, y si un descentralizado puede recurrir a esta herramienta, tan odiada por los ciudadanos.
