DICHO por el Fiscal General de Estado, César Augusto Peniche Espejel, viene otra etapa de destape de los expedientes o carpetas en procesos penales en contra de personajes del sexenio anterior, la mayoría por peculado o desvío de recursos públicos. Se trata de 70 documentos de investigación.
Debemos suponer que no se trata de una de una estrategia de esas que se utilizan para desviar o empolvar temas, para bajar o subir percepción social, y que realmente se actúe conforme a derecho.
Ya metidos en peticiones y probables complacencias, pues que se procesen y que se retorne al erario público, los desvíos que dicen son millonarios.
La novedad en esta ocasión, con independencia de quienes sean los personajes, de quienes aseguran hay dos que tres muy pesados, es que la Fiscalía tiene dos carpetas en contra de dos instituciones educativas y desde luego todo mundo volteó a la UACH y al Colegio de Bachilleres, pero Peniche, prefirió hacer mutis, por aquello de no violentar el debido proceso.
EL GOBERNADOR del Estado, Javier Corral Jurado, está convencido de que romper con la Federación, se ha convertido una opción, ante la relación institucional casi inexistente y el recorte constante de los recursos.
Desde luego inicialmente se trata del Pacto Fiscal, que ciertamente en lo histórico se ha desarrollado de manera inequitativa, sobre todo en los temas de educación y salud.
Corral ha declarado que es factible, “porque no se ve por donde”, la Federación vaya aportar por lo menos lo que en año anteriores, cuando Chihuahua debería recibir un mayor presupuesto, por las aportaciones que realiza y mínimo por el incremento inflacionario.
No es un asunto simple, ni en lo político, en lo legal, pues prácticamente estaríamos hablando de un separatismo, en donde necesariamente habría consecuencias.
Por lo pronto y en este mismo tenor, ya se asumió la postura de no reconocer a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, por su “ilegítima elección y fraudulenta elección”.
En esta postura se sumó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz Loya, quien anunció que se deslinda de la Comisión Nacional, y aunque a nivel estatal no desparece, no acatará las recomendaciones del organismo nacional por ser ilegitimo.
Por si fuera poco, la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván se pronunció en el mismo sentido, veremos si hay consecuencias, pues desde el centro, ya se anunció que los gobiernos que no atiendan las recomendaciones, estarían entrando en desacato y por lo tanto podría aplicárseles un juicio político. Cosas de la 4T.
