Peligroso ser candidato en México

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-217 políticos han sido asesinados

-Proceso electoral 2018, el más violento de la historia

-OEA urgió al gobierno estrategia contra el crimen

Por José Luis JÁQUEZ BALDERRAMA

CHIHUAHUA CHIH.- México se encuentra en medio de una grave violencia y polarización ideológica, lo que ha provocado el asesinato de 217 políticos y más de mil agresiones.

Las elecciones del próximo 6 de junio serán las más grandes y peligrosas en tiempos contemporáneos, donde se renovarán unos 20,000 cargos. Destacan 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados y 30 congresos de los estados. Representa la “evaluación” de los mexicanos al gobierno de la “cuarta transformación”.

El pasado periodo de elecciones (2018) se le ha considerado como el más violento en la historia reciente, pues dejó muertes, atentados, amenazas y miedo entre candidatos, precandidatos y políticos. La impunidad llegó al 97% de los delitos.

México vive un ambiente de guerra. Los grandes cárteles se han dividido y extendido su zona de influencia (inclusive a otras naciones) con mayor número de acciones, es decir participan en secuestros, extorsiones, robos, “huachicol” y lavado de dinero. Y se han convertido en grupos más violentos.

Durante el proceso del 2018 hubo 152 políticos asesinados -48 precandidatos y candidatos- y 371 funcionarios; 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos, esto de acuerdo al informe de la consultora Etellekt. El 90% de las agresiones documentadas se atribuye a la delincuencia.

Los asesinados representaron el 2.5 por ciento del total de homicidios dolosos suscitados en todo el país de septiembre de 2017 a mayo de 2018, donde se reportaron 20,439 casos. Esto significa que durante ese periodo, de cada 100 homicidios dolosos, más de dos fueron contra políticos o funcionarios públicos.

Respecto al informe de “Violencia política” del presente proceso electoral (del 7 de septiembre de 2020 a la fecha) dicha empresa reveló que van 65 políticos asesinados, 20 de ellos aspirantes a cargos públicos.

El gobierno federal y la mayoría de los gobernadores de los estados, hace poco más de un mes, se comprometieron a llevar a cabo de manera urgente una estrategia de protección para garantizar la seguridad de candidatos, aspirantes y líderes de partidos, pero resulta que desde entonces ya van ocho homicidios. Se incluye a un precandidato en Nuevo Casas Grandes.

Las 65 muertes violentas se registraron en: Oaxaca (8), Morelos (4), Puebla (2), Quintana Roo (2), Michoacán (2), Chihuahua (2), Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa con una víctima. El PRI tiene el 20% de las muertes, 17% Morena, 15% el PRD y 14% el PAN.

Asimismo hubo 262 agresiones, consideradas como delitos de fuero común, principalmente en territorio municipal, que representa un 79% del total; 76 casos de amenazas y 18 políticos fueron privados ilegalmente de su libertad, de los cuales 16 fueron liberados, uno sigue secuestrado y otro fue privado de su vida. Era un alcalde en funciones del estado de Chihuahua.

Es la alianza del PAN, el PRI y el PRD la que registra 32 de los 65 homicidios, que representa un 49%. En tanto que los partidos que integran el grupo “Juntos Haremos Historia” suman 18 políticos asesinados, es decir un 28% del total.

Estos delitos ponen en riesgo la celebración de los comicios, ya que además de atentar y aterrorizar a los políticos, la delincuencia se ha “apoderado” de muchos “territorios”, lo cual inhibe la participación ciudadana.

El proceso electoral avanza y con ello la violencia. Esperemos que esta situación no afecte la oferta (es decir, las candidaturas), como la demanda (la votación) y la calidad de los proyectos de los próximos gobiernos.

La violencia electoral en México ha llamado fuertemente la atención al mundo. Al grado tal que ya hicieron presencia los representantes de organismos internacionales, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ya emitieron un comunicado titulado “CIDH observa violencia durante el proceso electoral en México”, en el que detallan la situación violenta y la urgente necesidad de implementar una verdadera estrategia de seguridad por parte del gobierno mexicano. Pero, ¿hasta cuándo?

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