NOS FALTÓ quien supuso que la orden de la jueza de Florida para extraditar a México a exgobernador César Duarte, se daría en automático pero no es así, el show tiene para rato.
La juez Lauren Louis, determinó extraditar a César Horacio Duarte Jáquez a México, para que enfrente las acusaciones de peculado.
El su dictamen escribió en su resolución que “Existe causa probable para creer que Duarte cometió los delitos imputados en la denuncia de extradición”.
Evidentemente existe causas probables, como lo dice la jueza, pero un acto para ordenar la extradición, no significa en automático su traslado e inclusive su culpabilidad. Sin que signifique que se realice una apología del exmandatario y menos a priori una sentencia, son tópicos para los jueces, el días que se presente.
El acto de la jueza, es para que sea la autoridad mexicana quien lo juzgue, con relación a los causales que motivaron el pedimento.
La extradición es un mecanismo administrativo que se realiza por la vía diplomática (no judicial), en donde necesariamente tiene que existir un tratado o convenio entre el los países involucrados; la petición se puede conceder o negar, es la premisa.
Para el caso, la jueza reflexiona que hay elementos de presunción para autorizar u ordenar la extradición.
El pero del caso, es que el equipo de abogados del exgobernador se inconformaron y ya presentaron una apelación.
Por lo tanto que, luego de que la juzgadora admita la apelación, tendrá como plazo otro mes para dictaminar el cualquier sentido.
Lo que significa que si se confirma la extradición Duarte Jáquez estaría en la CDMX y no en Chihuahua en los primeros meses del 2022.
Sin embargo, no se puede dejar de tomar en cuenta que los abogados del exmandatario han solidificado en tres argumentos la defensa.
La violación al debido proceso por parte del gobierno de Javier Corral, las amenazas de muerte (o riesgo de ser asesinado) y la persecución política lo que lo convierte en víctima.
Por lo tanto, la jueza se manifestará en las próximas semanas y el curso de la historia procesal de Duarte Jáquez podría tomar otros rumbos.
POR CIERTO que el líder de los agricultores y lecheros del centro sur, Andrés Valles Valles, tendrá que pasar en prisión preventiva por lo menos otros 90 días.
El juez de la causa determinó que la medida cautelar de prisión preventiva, debe continuar.
La posible buena noticia es que dio entrada al amparo en donde se le solicita que Valles vaya a casa a llevar su proceso, ya que no existen elementos suficientes que supongan que puede evadirse y tiene arraigo suficiente.
La determinación llega por la vía legal y no se ha dado curso al acuerdo o convenio que firmaron, el secretario de Gobernación Adana Augusto López y la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
El acuerdo que también preliberaría a tres campesinos del Municipio de Rosales (acusados de terrorismo), se firmó hace tres semanas, pero no se ha hecho efectivo.
Por ahora poco que hace en los cuatro casos, sólo esperar u exigir a Gobernación que cumpla la parte que comprometió, sobre todo luego que los productores liberaron, un día después, la presa La Boquilla.
PARECERÍA que al rector de la UACh no sólo le movieron las piezas claves en su administración, sino que el estrujón le pegó hasta en las ideas.
Hace unos días anunció que ya tenía las maletas listas, ante denuncias y señalamientos en su contra y los cambios fundamentales que le aplicaron desde Palacio de Gobierno.
Ahora dice que su “nuevo” modelo educativo no se canceló y que sólo está en evaluación, cuando por otra parte, tiene al alumnado migrando al sistema anterior.
Pero además dice que la deuda con Pensiones Civiles del Estado, no la originó la falta de suministro de recursos por parte del gobierno de Corral, como lo había afirmado y ahora resulta que parte del adeudo obedece a recortes del gobierno federal.
Y lo más interesante o extraño del caso es que ahora dice que no se va ni renunciará y pueda que tenga razón, el caso es que en esas posiciones nadie renuncia, más bien los renuncian.
