LA OPERACIÓN Justicia para Chihuahua, desarrollada por el ahora exgobernador Javier Corral Jurado, suma a saber, cuatro muertes, digamos por ahora no naturales y en donde mínimo el sospechosimo se impone.
El reciente fallecimiento de Enrique Tarín García “por suicidio” evoca de manera natural a la reflexión, en donde primero debe existir certeza de que quitarse la vida de esa manera fue su decisión; los videos que hasta ahora se conocen suponen que si, que se lanzó al vacío en el puente de la Homero, pero…
La Fiscalía General del Estado ha hecho dos afirmaciones oficiales; la primera que Tarín llegó en su propio automóvil y la otra que, no es testigo protegido en el juicio que se le sigue al exmandatario César Duarte Jáquez.
El pequeño problema es que o no existe video o no se muestra, para establecer que llegó por en su propio auto, negar que es testigo protegido es jugar con el librito, difícilmente se iba a decir que sí lo era.
Desde luego que hay otras versiones que corren luego de la muerte del exdirector de Ingresos de la Secretaría de Hacienda durante el gobierno del Duarte, apuntan a que declararía en contra de su jefe en la audiencia intermedia programada para el próximo 24.
Pero además, que no tenía solvencia económica para garantizar el pago de los dos millones y medio que se le impusieron para reparar el daño, de la acusación inicial por peculado por 250 millones de pesos.
Ambas circunstancia de ser ciertas, obligaría a Tarín García a regresar al Cereso de San Guillermo, en donde pasó cuatro años y meses, antes de que se modificara la medida cautelar y fuera a prisión domiciliaria.
So dos tema de importantes lo que lo pudieron llevar a tomar la fatídica decisión; familiares y amigos deben conocer más el tema.
El otro suicidio corresponde Octavio Acosta Maldonado el exsecretario privado de César Duarte, quien el año pasado se quitó la vida en su domicilio; hay declaraciones públicas y en carpetas de investigación en manos de la Fiscalía en el sentido de que fue presionado para declarar en contra del exgobernador en cuestión, y extorsionado para no ser encarcelado.
El diputado federal Carlos Hermosillo Arteaga, falleció en un accidente carretero en la vía corta a Parral; estaba bajo proceso penal por enriquecimiento ilícito y era el principal operador financiero de Duarte antes de llegar a la cámara federal. Nunca se investigó el accidente.
Familiares y en especial la viuda de José Lázaro López Ramírez exdirector de Fideapech, han interpuesto varias denuncias, luego de que el funcionario falleciera por Covid-19 en el interior del Cereso en el año 2021.
Hubo evidente negligencia del sistema penitenciario, que antes dependía de la Fiscalía General y de la jueza que llevó el caso, lo dejaron morir. Nada ha ocurrido.
Mínimamente la Fiscalía General debería investigar a profundidad las causas o circunstancias que motivaron las muertes de La Operación Justicia par Chihuahua, por alguna extraña razón no lo hace, como tampoco procura justicia en las más de 30 denuncias que existen en contra del exgobernador Javier Corral Jurado. Por algo será.
LA GOBERNADORA del estado, María Eugenia Campos Galván está en su segunda semana de vacaciones y se supone, que este lunes se reactivará con actividades de su encomienda.
Literalmente la mandataria desapareció, es decir, no comunicó a la sociedad que estaría de descanso, suponemos que unos 15 días, o tal vez más, luego de la reforma que le permite ausentarse 20 días sin dar aviso al Poder Legislativo.
Por lo tanto, se desconoce si fue a Europa o a los Estados Unidos, destinos que se han convertido en sus favoritos desde que era alcaldesa de la capital.
Este sería el quinto periodo vacacional de la gobernadora Campos, cuando acaba de cumplir un año y medio de su administración.
Las vacaciones casualmente, iniciaron luego de la tragedia en donde murieron incinerados 40 migrantes en la jaula del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez. Seguramente también por casualidad, cuando se anunció el incremento a la tarifa del transporte colectivo para la capital y Ciudad Juárez.
JUAN Carlos Ábrego, presidente de la Asociación de Derechos Humanos Internacionales (ADHI), evidenció que en Reynosa, Tamaulipas, decenas y hasta cientos de migrantes la mayoría centroamericanos, están bajo las mismas condiciones de los que enjaulados en el centro de retención de Instituto Nacional de Inmigración de Ciudad Juárez.
En Reynosa frontera con McAllen, Texas, literalmente encierran entre 36 horas reglamentarias y/o hasta por meses, de acuerdo con la denuncias del activista Ábrego.
Están encarcelados, hacinados, son amenazados, extorsionados y muchos “puestos” al servicio de grupos del crimen organizados para sus ilícitas actividades.
Parecería que lo ocurrido el pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez en donde murieron 40 migrantes calcinados, no ha sido suficiente y que el INM sigue con las mismas prácticas violatorias de los derechos fundamentales y libertades de los migrantes
Seguramente, la lección de Juárez no será una enseñanza por la insensibilidad e impunidad que ha mostrado el Gobierno Federal ante la tragedia.