Por Luis SILVA GARCÍA
CD. JUÁREZ CHIH.- La alternancia estaba arribando a México; era el año 2000 y existía la expectativa de que muchas cosas cambiarán para bien. Ahora podemos pronunciar una frase común en redes sociales: ¡Éramos felices y no lo sabíamos!
En solamente veintitantos años transitamos de la inquietud a la discusión y luego al odio entre “buenos y malos”, en un escenario donde cada bando se considera “el bueno” y esta convencido de que los contrarios son “los malos”, en ese tablado donde está ausente el juicio de cordura, la comprensión y la buena educación. Esto ya parece extinto en México.
Durante las últimas décadas del Siglo XX se fue desgastando aceleradamente el sistema político económico mexicano postrevolucionario; la esperanza de un mejor país había sufrido un gran deterioro entre la población mexicana. Pocos confiaban ya en el régimen del partido mayoritario en el gobierno, la brecha entre ricos muy ricos y pobres muy pobres crecía alarmantemente, los índices económicos se mantenían a la baja, aumentaba el descredito de los gobernantes, subía la violencia, se incrementaban el narcotráfico y el crimen organizado.
Desde el exterior los países desarrollados y sus organismos internacionales veían a México con preocupación y le exigían tomar medidas para transitar hacía un gobierno más incluyente de su sociedad, más abierto, más transparente y legal.
En este contexto, en el 2000, el primer decreto presidencial de Vicente Fox, enseguida de tomar posesión, fue el de la creación de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en al Administración Pública Federal (CITCC), órgano integrado por el propio primer mandatario y los secretarios de estado, y presidido por el Secretario de la recientemente nombrada Secretaría de la Función Pública, antes Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) e inicialmente Secretaria de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), que fe desembrada de Hacienda con Miguel de la Madrid. Acorde a las tendencias mundiales, en menos de 20 años esta secretaría pasó de mera contraloría a intento de desarrollo de la función pública en México.
La CITCC constituyó un esfuerzo serio para fomentar y normar la transparencia y esquemas de rendición de cuentas en el gobierno federal, pero también para iniciar una nueva formación de la burocracia, para tener en México verdaderos servidores públicos.
La tarea era titánica y con enormes intereses en contra, desde los sindicatos y sus líderes hasta la mafia formada desde hacia años entre los proveedores de bienes y servicios al gobierno y los grupos de compradores (cuyos jefes y personal pasaban de las oficinas de recursos materiales de una secretaría a otra constantemente), sin dejar de mencionar la natural resistencia al cambio, que se reflejaba nítidamente en la recomendación que hacían a todos los que llegaban: “no te muevas y no hagas ni digas nada y aquí en este puesto te haces viejo y te jubilas”. Eran situaciones y conductas ya endémicas en el gobierno mexicano.
Con la CITCC no se estaba inventando el hilo negro, ya existían organismos de este tipo en muchos países desarrollados, pero generalmente eran entidades con mayoritaria participación ciudadana, autónomas, que prevalecen de un gobierno a otro sin importar cual corriente o fuerza partidista llegue al poder. Es lo natural.
En la preparación del gobierno entrante se estudió el caso y se planteó la opción de crear el organismo de manera autónoma, pero para ello habría que transitar por la discusión y conformación de las fuerzas partidistas en le Congreso, y se concluyó, con sobrada razón, que muy difícilmente llegarían a ponerse de acuerdo, por lo cual se opto por el mecanismo más viable: el decreto presidencial; asumiendo que se le haría la encomienda a funcionarios interesados en sacar la comisión adelante, como efectivamente fue del 2000 al 2006.
Paralelamente se estudió la necesidad de contar ya en México con una ley de transparencia y protección de datos. Existían prácticamente en todo el mundo y nos estábamos quedando atrás. Se convocó en consultas privadas a especialistas y así se integró la iniciativa presidencial que desembocó en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del 2002, de la cual derivó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información, como órgano autónomo, con un consejo como autoridad máxima, y con el propósito de vigilar desde fuera el cumplimiento de la ley, para que el gobierno no fuese juez y parte; buena novedad entonces.
Ya estábamos dando pasos en materia de rendición de cuentas de los asuntos públicos, que en este país presidencialista en mucho decir, ahora ya cualquier ciudadano podía solicitar información de las acciones y presupuestos del gobierno y ya no les sería tan fácil ocultar los datos, pues los comisionados del instituto autónomo decidían si se podía hacer pública la información o no. Se trataba de evitar ocultamiento y también de evitar abusos, por ello los comisionados tenían que cumplir con cierto perfil mínimo de formación, experiencia y moralidad, y además su salario no dependía del gobierno, sino de la los presupuestos del organismo autónomo. Finalmente son recursos públicos, pero al menos no de la bolsa donde mete la mano libremente el mandamás.
En tanto, en la CITCC, con los Programas de Transparencia y Combate a la Corrupción del sexenio de Fox, se creó un sistema de vigilancia permanente y medible, mediante una escala, para que las entidades de la Administración Pública Federal cumplieran con los acuerdos que se tomaban en las sesiones de la Comisión, donde asistían el Presidente y los Secretarios de Estado, necesariamente jefes de las más de 200 entidades que conforman el gobierno federal.
Los esquemas de autodefensa del sistema ineficiente y/o corrupto son así: cuando usted les reclama algo que está mal le contestan: no pues dígale al jefe tal, y vas con el jefe tal y te manda al director de no se que, y así te puedes ir escalando hasta donde te sea posible y muy difícilmente llegarás al jefe responsable, porque el sistema se ha blindando para que se diluya la responsabilidad y finalmente nadie es claramente responsable.
En las sesiones semestrales de la CITCC se tomaban los acuerdos propuestos por el Secretario de la Función Pública y avalados por el Presidente; luego se hacía que cada uno de los Secretarios firmaran el acta, y ahí quedaban los compromisos que para vigilar las compras, mejorar la atención al público, erradicar las “mordidas”, destrabar los trámites, contratar al mejor personal, evitar el nepotismo, es decir, todas la conductas para la mejora de la función pública, emanadas la mayoría de ellas de las seis líneas de acción de la Agenda de Buen Gobierno de Fox, todas para contar con un mejor y más eficiente gobierno, a saber: Gobierno Honesto y Transparente; Gobierno Profesional, Gobierno de Calidad, Gobierno Digital, Gobierno con Mejora Regulatoria, Gobierno que Cueste Menos. (Pero esta es otra historia).
Entonces los consultores de la CITCC encargados de dar seguimiento en cada dependencia iban y le decían al Oficial Mayor: “pues tu sector anda bajo en cumplimiento de los indicadores de Transparencia y Combate a la Corrupción, no están haciendo las acciones que se acordaron en tal sesión”. Y claro que el Oficial Mayor, o a quien le correspondiera, siempre jefes de gran calado, al principio, en pocas palabras, les valía lo que les dijeran. Pero ahí era cuando los consultores sacaban el as bajo la manga: “Pues yo no se se si a usted no le importan los programas de la CITCC, o si aquí usted manda y nadie le contradice nada, pero si no está de acuerdo con lo que señalamos, pues vaya usted y pregúntele a su Secretario de Estado, pues el fue el que firmó este acuerdo delante del Presidente y él ahí en la sesión no protestó por nada”. Este argumento nunca falló.
Se logró avanzar en esta materia en el sexenio de Fox, como también se logró ir transformando la función pública en servicio al gobernado, mucho más que ser solamente contraloría para castigar a los que hacen mal: eso de por si, por ley, siempre debe cumplirse, pero el crecimiento como sociedad no está en el castigo, sino en la educación y desarrollo por el bien común. Para eso se es gobierno.
Y hubo muchas más iniciativas de avance en Buen Gobierno con Fox, como la creación de consejos ciudadanos para diversos temas (la transparencia misma, por ejemplo), que ayudaban, con la intervención de los sectores sociales, a analizar las situaciones y a decidir hacia donde marchar para mejores resultados para todos. (Pero esta también es otra historia).
Un infortunio de México es que quedamos expuestos a los vaivenes de la política, y en 2006, al llegar Calderón a la Presidencia, ya no dio continuidad ni importancia a la CITCC, parece que tan solo porque no eran iniciativas de su gobierno, aunque fueran del mismo partido; pero esto estranguló el camino, aún incipiente, hacia la transparencia y anticorrupción en el gobierno federal. Pese a que el decreto de creación de la CITCC señalaba que debería realizarse por lo menos una sesión de la comisión cada año, en los seis años de Calderón no se realizó ninguna.
Más aún, en 2012, cuando Peña Nieto asumió el poder, el primer documento que publicó fue el de la derogación del decreto presidencial de Fox, por el que creó la CITCC. El mensaje fue claro: no queremos transitar por el camino de la transparencia y del combate a la corrupción, aunque todo el mundo transita en ese sentido, pero somos tercos los mexicanos. Equivale a que los conservadores, cuando asumieron el poder en el siglo XIX, hubieran invalidado totalmente la Constitución de 1857, tan solo porque se dio en tiempos de Benito Juárez. Ni ellos fueron tan extremos.
Así las cosas, pensaríamos que la historia de descalificaciones por ideología política, aún a elevados costos para sociedad, ya sería suficiente; pero no nos imaginábamos que tiempos aún más extremos, intransigentes y autoritarios, estaban por venir y ya bien entrado el Siglo XXI.
Ahora ya no se habla de hacer de lado lo que hicieron gobiernos anteriores, ahora las iniciativas oficiales son para acabar con los órganos autónomos que se han formado durante las décadas, que habían dado mayor participación a la ciudadanía mediante esquemas abiertos de los asuntos públicos, pero el actual gobierno en el poder argumenta que la autonomía no es más que un gobierno paralelo derechista, y esa definición podría ser aceptable, pero no necesariamente por ello ser correcta, pues equivale a ignorar el principio universal de que en la democracia (gobierno del y para el pueblo) es indispensable el contrapeso de poderes, o se caerá en el autoritarismo o hasta en la dictadura, como ha sucedido en innumerables ocasiones en la historia. Pero no aprendemos, porque no estudiamos ni analizamos.
Los órganos autónomos, como tantas instituciones mexicanas han cometido muchos errores, hasta barbaridades y corrupción, y claro que es deseable corregir y hasta castigar, pero no por ello se va a descalificar un esquema probado, solamente porque “es el de los malos, el de los que están en mi contra”. En esa posición ya no solamente no hay democracia, hay absoluta estupidez; pero tienen el poder, eso no hay que ignorarlo.
La corriente de gobierno abierto y participativo, que ahora el gobierno mexicano descalifica, es indudablemente por la que han transitado desde hace décadas las sociedades más exitosas y justas que existen en el planeta Tierra, le guste o no le guste a quien sea, o quien no sea; los resultados están ahí: es en esas sociedades donde hay más cultura, más educación, más igualdad, más oportunidades, mejores niveles de vida, más seguridad, más tranquilidad para los ciudadanos, independientemente de ideologías y políticas.
Los gobiernos de esas sociedades, sin ser perfectos, han transitado a veces de la Edad Media hasta los socialismos, pasando por monarquías y revoluciones, por guerras y reconciliaciones, por comunismos, liberalismos y capitalismos, por lo que usted guste y mande, pero están ahí con buenos niveles de educación, con valores y con respeto al prójimo, aunque no piense como uno. Es la convivencia sana de los seres humanos.
Pero en México hoy, empezando por las autoridades, la actitud hostil y descalificatoria por antonomasia nos indica que estamos muy distantes de la sociedad con que soñamos para el beneficio de todos, y nos rebatimos ahora unos contra los otros, con odio y desesperación, producto muchas veces de la ignorancia y la miseria. ¿Hacia dónde vamos? Que el creador nos ampare y la sabiduría nos muestre el camino. ¡Viva México!
