Por J. ALMODÓVAR
CHIHUAHUA CHIH.- Brígido Torres Palacios, apoderado legal de José Pedro López Elías y de la persona moral “López Elías Finanzas Públicas, Sociedad Civil”; éste último despacho involucrado y sujeto a una investigación penal en Chihuahua por haber cobrado en el gobierno de Javier Corral, la cantidad de 98.6 millones de pesos, en un contrato donde se simuló la reestructuración de la deuda pública estatal en julio de 2019, promovió un juicio de amparo ante un Juez de Distrito del Décimo Séptimo Circuito.
Bajo el número de expediente 2098/2024, el juez federal admitió el amparo contra alguna posible orden de aprehensión girada por jueces de control del Distrito Judicial Morelos.
Textualmente dice el juicio de garantías, “Tramítese el incidente de suspensión por así haberlo solicitado, sin que haya lugar a pronunciarse al respecto de la moral López Elías Finanzas Públicas S.C., en virtud de que no puede ser objeto de aprehensión, asimismo es preciso señalar que el quejoso en cita, es también apoderado legal de la empresa, de ahí que en la demanda se haya plasmado a la persona moral”.
Y agrega, “Se señalan las diez horas con veinte minutos del doce de noviembre de 2024, para que tenga verificativo la audiencia Constitucional en este juicio.
En los informes justificados, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de 15 días contados a partir del siguiente, en el que reciben el oficio en el que se les solicita rindan su informe justificado”, refiere.
Según archivos periodísticos, la orden de aprehensión que la Fiscalía Anticorrupción intentó ejecutar al hoy senador morenista Javier Corral en la Ciudad de México derivó de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), tras la revisión forense al estado de la deuda pública estatal, hacia el final de la gestión 2016-2021.
En la auditoría practicada se detectaron diversas irregularidades, entre ellas que no había evidencia del trabajo supuestamente realizado por el despacho contratado para apoyar en la reestructura de los pasivos, denominado «López Elías Finanzas Públicas S.C».
La única evidencia de supuesto apoyo a los trabajos de refinanciamiento estaba fechada antes de la firma del contrato; sin embargo, de acuerdo con la denuncia, éste también fue irregular porque el despacho no estaba en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado y no emitieron el correspondiente acuerdo de suficiencia presupuestal que debe hacerse ante cualquier erogación de recursos públicos.
Además, la auditoría encontró que la Ley de Adquisiciones del Estado había sido burlada por la Secretaría de Hacienda (liderada en ese entonces por el prófugo de la Justicia Arturo Fuentes Vélez), dado que fue constituido un fideicomiso expresamente prohibido en la norma, para evitar ciertas disposiciones legales orientadas a manejar de forma discrecional los recursos públicos.
En la más reciente entrevista que hizo hace una semana el ex gobernador Javier Corral al Canal 28, negó tales acusaciones, lo cual se contradice en todas las pruebas localizadas y documentadas.
Al parecer el referido despacho “López Elías Finanzas Públicas” teme una actuación de las autoridades investigadoras de Chihuahua ante las irregularidades cometidas.
