Oscurantismo

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Por Luis SILVA GARCÍA

CD. JUÁREZ CHIH.- La desaparición de organismos autónomos, que fue aprobada en estos días por la mayoría gubernamental en la Cámara de Diputados, y que pasará sin duda por vía libre por el Senado y demás aprobaciones que se requieran, implica muchos más retrocesos de los que aparenta.

En principio, revisemos el aspecto del gasto, pues este es uno de los argumentos cuando se afirma que con los órganos autónomos se “desperdició” mucho presupuesto, por lo que ahora se promete (prometer no empobrece…) que esos recursos serán esparcidos en beneficio de las mayorías.

Sin pretender estudios de fondo, ni mucho menos, solo basta repasar que la Cuatro Te ha presumido proyectos muy costosos que finalmente no han acarreado beneficio para nadie, como son el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, el campo aéreo militar AIFA, el Tren Transpeninsular…; estas son obras de relumbrón, con enormes gastos que han engrosado los bolsillos de sus amigos y familiares, pero hasta ahí, su fracaso es sonoro e indudable.

Pues ahora, de acuerdo a los hechos, nada garantiza que los recursos, que antes fueron destinados a los órganos autónomos, ahora vayan a ir a parar en beneficio de los necesitados, ya que el reparto de presupuesto no esta siendo con esa presumida equidad, y los datos así lo evidencian, pues en realidad el sistema público de salud, por ejemplo, se cae en pedazos, y la economía de México muestra un escandaloso deterioro, con carestía desenfrenada y con desplome en caída libre del tipo de cambio de la moneda.

A la par, lo que significa la desaparición de organismos autónomos en un gobierno que presume de democrático, es un retroceso increíble, pues claramente el avance de los regímenes en el mundo, hacia una mejora de la sociedad, siempre transita por el camino de la mayor y mas sólida participación ciudadana en los asuntos públicos, y esta se manifiesta de manera institucional en la solidez de sus organismos autónomos.

Dichas entidades de gobierno plural no son un capricho ni tampoco bandera de un color político, sino que significan el balance, el contrapeso al poder en cualquier nación, y desde hace al menos medio siglo son una realidad en todo tipo de gobiernos, inclusive en los mas autoritarios.

No es un asunto menor que México, en una época en que transita supuestamente a un esquema de gobierno populista, de mayor beneficio a los más necesitados, esté eliminando precisamente los instrumentos que garantizarían evitar la acumulación excesiva de poder.

El caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información es especialmente ejemplar, sin ser la única desaparición alarmante. Su instauración data del momento en que se hizo urgente, por el entorno internacional, crear en nuestro país instancias que miraran hacia la revisión de los procesos ocultos que eran tradicionales en el ejercicio público mexicano, desde el surgimiento de la República.

Nuestro tan peculiar presidencialismo provocaba presumir como un comportamiento normal que las autoridades pudieran hacer y deshacer sin que nada ni nadie osara enfrentarlas, y así sucedió desde Porfirio Díaz hasta José López Portillo, marcadamente.

Fueron la aparición de un parlamentarismo incluyente (no por gusto, si no por la arrolladora corriente global), y junto a ello y a consecuencia de ello, la entrada en escena de los órganos autónomos, con marcado tinte de transparencia, los que dieron lugar a una participación más abierta y clara en el Gobierno Mexicano.

Del año 2000 en delante, con la creación por primera vez de una ley de transparencia y de  un Instituto para garantizar la información gubernamental, México brincó del siglo XIX a la vanguardia en esta materia, al menos en teoría y fundamento. Faltaba ahora que lo definido en letra llegará a hacerse realidad en la vida diaria.

Por desgracia, en gran medida esto no prosperó y ahora, que hasta la letra, es decir lo establecido en normas y leyes, desaparece, pues no habrá manera de pedirle cuentas a los gobernantes y poderosos en este país. Si de por si  ya venían haciendo lo que les daba en gana, sin freno, pues ahora no habrá ya instrumento de contención.

Los periodistas, por citar el caso, siempre nos habíamos quejado de que para obtener la información de las entidades de gobierno teníamos que hacerlo mañosamente, pues no había recurso alguno para exigir que la autoridad rindiera cuentas.

Entonces nos valíamos de las relaciones publicas, las amistades, el buen trato con secretarias y asistentes, o hasta de la sustracción de documentos y datos, para poder sustentar las informaciones.

Con la Ley de Trasparencia de principio del Siglo XXI ya se contó con un instrumento para exigir datos, y con un Instituto Federal como autoridad para forzar la trasparencia, si fuera necesario.

Por lo visto, ahora vamos a regresar al siglo XIX y otra vez no habrá manera de exigir al gobierno que informe de lo que hace y que descubra los datos de interés público que guarda en archivos, lo que convierte la reciente reforma de ley, que desaparece los órganos autónomos, en una acción que no puede ser calificada más que de oscurantista.

Y esto es en materia de rendición de cuentas y acceso a la información, pero en realidad se están eliminando los organismos de contrapeso en varias materias del ejercicio público: en energía, economía, telecomunicaciones y educación, lo que abarca de golpe y porrazo toda la acción gubernamental que podía estar vigilada con instrumentos plurales, para quedar en manos solamente del ente gobernante y sus aliados, con tintes absolutistas.

Lo que se avanzó a marchas forzadas a lo largo de décadas en materia de democracia en México se retrocede, de un solo golpe, por la acción de la mayoría gubernamental, que además se conformó con una maniobra tramposa.

La imposición se esta dando y lo que estamos viendo ahora pueden ser solamente los primeros pasos de un gobierno que acumula todo el poder en unas cuentas manos, que protegen el beneficio de quienes han manejado a este país desde hace ya muchos años, ya sean entes económicos o políticos, pero que claramente han visto solo por intereses particulares y no por el crecimiento y el desarrollo del pueblo de México.