Por José Luis JÁQUEZ BALDERRAMA
CHIHUAHUA CHIH.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) puso a México en la noticia internacional, al dar a conocer que se abrió un proceso con carácter de urgente sobre la situación de desapariciones forzadas, que podría llegar hasta al pleno de la Asamblea General de la ONU. Nada bueno.
El presidente del CED, Olivier de Frouville, explicó que se ha activado el artículo 24 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones. Esto empieza con un proceso para pedir información al gobierno mexicano de manera generalizada o sistemática. Este funcionario ya aparece hoy como enemigo público de la cuarta transformación.
Desde la presidencia de la república, el senado y la cámara de diputados, atacaron al representante de la ONU y afirmaron: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado”. Es más, hasta una nota diplomática se hará llegar al pleno del organismo internacional para manifestar la inconformidad.
El anuncio de la ONU sale a luz pública después del hallazgo de restos humanos en un rancho de Teuchitlán, Jalisco. Ante ello, el fiscal general, Alejandro Gertz, dijo el 19 de marzo que las autoridades federales asumirían la investigación, después de que padres y madres de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones exigieron transparencia sobre los hechos ocurridos en ese sitio.
El estado de Jalisco, donde sucedió el trágico hallazgo, fueron reportadas como desaparecidas unas 15 mil 660 personas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 21 de marzo de 2025, cifra que lo sitúa en el primer lugar entre las 32 entidades.
Casos documentados como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y ahora el rancho de Teuchitlán, aparecen en las exigencias de las, madres buscadoras, pero no han encontrado respuesta oficial ( de ningún gobierno) como en la mayoría de los 127 mil casos de personas desaparecidas en el país. desde la administración de Salinas de Gortari.
La resolución del organismo internacional puntualiza que más que una participación directa, sistemática y generalizada de las fuerzas estatales en la desaparición forzada, es evidente la negligencia histórica del Estado mexicano por implementar medidas para combatir la terrible situación.
Desde el 2015, la ONU ha realizado 681 solicitudes a las autoridades federales. con el fin de tomar acciones como la desmilitarización, la mejora del Poder Judicial y respuesta a todas las denuncias de desaparición. Pero ha habido oídos sordos.
Hoy por hoy México supera a países como Irak y Colombia en el número de recomendaciones recibidas en torno a la desaparición forzada. Hay más de 127 mil expedientes abiertos sobre desapariciones ( 50 mil casos ocurridos en el sexenio de López Obrador), más de 5.600 fosas clandestinas conocidas y con un 99% de impunidad. Cada vez hay mayor probabilidad de ser desaparecido y casi nula la aplicación de la justicia.
Desaparición Forzada
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
