Por Luis SILVA GARCÍA
CD. JUÁREZ CHIH.- Cuando la Señora Presidenta Sheinbaum ordenó –¿o recibió órdenes para…? vaya usted a saber- bloquear y desprestigiar la intervención de los especialistas y del Comité de la ONU en materia de Desapariciones Forzadas, los morenistas no tendrían ni idea de “La Caja de Pandora” que estarían destapando.
Esto surgió a raíz del campo de exterminio del narcotráfico que se encontró en el Rancho Izaguirre, población de Teuchitlán, en le estado de Jalisco, donde los colectivos de buscadores independientes hicieron el hallazgo de pertenencias de alrededor de 200 personas desaparecidas.
Este macabro descubrimiento acaparó la atención internacional, pero no crea usted que en Chihuahua cantamos mal las rancheras, pues apenas a fines de enero pasado, es decir, tan solo unas semanas antes del teuchitlanazo, se encontró un campo de exterminio similar en el Rancho El Willy, Ejido Ignacio Zaragoza, poco más allá de Nuevo Casas Grandes.
Con la pista de un sicario de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, las autoridades dieron con el lugar de un supuesto campamento del narcotráfico, en el que han sido ubicadas 44 fosas clandestinas identificadas, con restos de 63 personas y muchos de los cuerpos desmembrados y con marcas de tortura.
“El estado de Chihuahua ha sido históricamente una de las regiones mas afectadas por la violencia en México, con altos índices de homicidios y desapariciones forzadas”, así dice la frase de contexto en la nota del diario español El País. Con todo, el hecho pasó mayormente desapercibido, claro y triste ejemplo de que ya todos nos vamos haciendo impunes al impacto de estos graves hechos; como que ya perdimos la capacidad de asombro ante la cotidianidad de la violencia.
Los que si no han perdió la capacidad de reacción, ante lo que consideran un ataque a su imagen o a sus intereses, o a sus intocables “tlatoanis”, son los senadores integrantes de la fracción dominante oficial en la cámara alta, los de Morena, que sacaron un pronunciamiento nada menos que por las conclusiones del Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas (CED), que amenaza con llevar el caso de México ante la Asamblea General del organismo, pues desde 2015 venimos (como Estado Mexicano) desacatando las recomendaciones y señalamientos de los órganos internacionales de Derechos Humanos.
Estos senadores del equipo amloista se atreven a intentar descalificar a una autoridad internacional que actúa con especialistas en la materia, en estudios por demás serios, y en casos que además son del dominio público (como si las decenas de miles de desaparecidos fueran un dato desconocido o irrelevante), siendo que México es Estado Parte en la Convención para la Atención de la Desaparición Forzada de Personas, es decir, México firmó el convenio, y ahora los senadores pretenden desconocer al comité, quesque por defender la soberanía nacional.
Estos senadores inconscientes y borregos de manada, deberían preguntarse primero quién defiende no solo la soberanía, sino la libertad, la justicia y la vida misma de todos los desaparecidos de manera forzada desde hace cuatro sexenios, con gobiernos de diversos partidos, así como el daño y sufrimiento inimaginable de sus familiares. ¿Quién defiende esto? No, pues a los senadores no les importa, si por aplaudir al régimen reciben igualmente su salario de más de 130 mil pesos mensuales, más viáticos y compensaciones. ¡Ay México, no te acabes!
El dato de desapariciones forzadas tiene a México en la palestra desde los tiempos de las Brigadas Blancas y la matanza de Tlatelolco, pero en los últimos años los casos de personas desparecidas, tanto por parte de elementos de autoridades, sean policías o ejercito, como los levantados por el crimen organizado, han sido una cifra creciente.
A ciencia cierta nadie sabe, nadie supo, pues no hay cifra verificada de desapariciones: en 2015, cuando la primera revisión del Comité CED de la ONU, se habló de 95 mil casos; el padrón “desactualizado” al que se ha referido Claudia Sheinbaum traía el dato de unos 125 mil casos, mientras que los colectivos independientes han documentado 174 mil desapariciones de esta naturaleza.
En cualquier caso son decenas de miles de personas que no han regresado a su hogar, que han dejado un hueco en la familia, a cuyos parientes se le ha cercenado un ser querido. Qué importa que el dato sea más o menos exacto, con que sea uno, si es su ser querido, o el hijo de una madre, es, en todo caso, siempre devastador.
Siendo Presidente, Amlo, hizo público su apoyo a los colectivo de madres buscadoras de desaparecidos y creó la Comisión Nacional de Búsqueda, con Carla Quintana al frente, pero terminó por dejar el caso en el olvido, de manera que Quintana fue forzada a renunciar a su cargo y, ante ello, envió la información recabada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Señora Presidenta Sheinbaum en un momento también mostró simpatía por las madres buscadoras, pero a la hora de las definiciones, al momento en que la ONU pide cuentas a México como estado Parte del Comité de Desaparecidos, entonces censura la intervención de órganos internacionales en nuestro país.
Puro atole con el dedo: La critica a los números y casos que señala el CED de la ONU se ha repetido en el mismo tenor desde Felipe Calderón, pasando por Peña Nieto, AMLO y ahora Sheinbaum. El oscurantismo oficial de México ante los crímenes de lesa humanidad, que se dan en el territorio nacional, es exactamente el mismo sin importar que el gobierno sea de color azul, rojo o guinda. Cuando la ONU les dice que tengan cuidado con los miles de desaparecidos que siguen creciendo, entonces salen con que: no te metas con mi soberanía.
Pero, mientras tanto, casos como el de Teuchitlán en Jalisco, o el de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, deberán ser solamente botones de muestra ante la realidad de desapariciones forzadas y manejo impune de la delincuencia cada vez mayor en todo el país. Seriamos ridículamente ingenuos si creyéramos que la autoridad es eficiente y habrá descubierto todo lo que pasa en le país, menos aún resolverlo.
El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, y presidido ahora por el Dr. Oliver de Frauville, ha señalado a México faltas graves en los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Apatzingán, Nochistlán y Allende, y ahora estudia para pronunciamiento los casos de Tauchitlán y Nuevo Casas Grandes.
De ahí pues el temorcillo oficial, porque viene la exposición del caso de desapariciones forzadas en México ante la Asamblea General de la ONU, como último recurso, de acuerdo al articulo 34 de la convención firmada por México, en el caso de que un país no acate las recomendaciones y señalamientos, y es el caso de México en repetidas ocasiones. Y no se sabe cual es la medida que pueda tomar la Asamblea General.
Desde hace décadas México acarrea una historia de desaparecidos, muertos, ejecutados que conforman un país herido, con crímenes constantes de lesa humanidad, tanto por parte del narcotráfico como por parte de las autoridades policiacas.
A las familias de los desaparecidos no les queda más que buscar la ayuda de los colectivos de búsqueda, pero estos grupos han quedado en la indefensión ante la actitud de las autoridades.
La única esperanza que se avizora es la intervención de los organismos internacionales, pues para eso se integran comités judiciales por encima de los poderes nacionales, cuando estos no garantizan el beneficio y justicia de los gobernados.
En México debemos reconocer que no podemos solos con el problema de desapariciones forzadas, que se vienen acumulando de manera endémica desde hace más de 60 años, cuando los grupos gobernantes y de interés han circulado en el poder y nadie ha osado siquiera intentar contener los crímenes de lesa humanidad.
Ahora si es contundente la expresión de compositor mexicano José Alfredo Jiménez: La vida no vale nada.
